En la fase de alegatos de la fiscalía, el letrado Mahmad Daud Hasan argumentó que Varela recibió gran cantidad de dinero producto de sobornos de la caja dos de la constructora brasileña, es decir, dinero ilícito, indicó.
En la investigación sobre el mayor atraco de fondos públicos de la historia del istmo, según el fiscal, la actitud del exgobernante además de vergonzosa, representa un acto que atenta contra todos los panameños y ciudadanos decentes de este país.
También pidió que se llame a juicio a Jaime Lasso, identificado como intermediario entre Odebrecht y el Partido Panameñista, y su hija Michelle Lasso.
Daud Hasan sostuvo que ambos, padre e hija, a través de sociedades suministradas, realizaron pagos para beneficiar a Varela, y estimó crucial su participación dentro del esquema para canalizar el esquema de sobornos.
Aseguró también que Odebrecht “quería tener acceso al poder, no se contentaba con tener las obras” y que por ello pagaba coimas y sobornos a diestra y siniestra, a presidentes de la República, vicepresidentes, ministros de Estado y hasta cantidades en época electoral.
Se trataba de un paquete a la medida del más alto nivel de corrupción jamás antes visto en Panamá y en la región, en el que también está involucrado el expresidente de la república, Ricardo Martinelli (2009-2014), según las evidencias.
La audiencia preliminar por el caso Odebrecht continuó este martes en su séptimo día con la lectura de alegatos de fiscales y la defensa de unos 50 imputados en el delito de blanqueo de capitales.
El juicio por el mayor escándalo de corrupción en el continente, según catalogan analistas, se caracterizó la primera semana por la lectura de 813 páginas de la investigación, reabierta aquí en 2017.
Odebrecht admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
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