Los representantes de unos 49 imputados por blanqueo de capitales a través del pago de sobornos por parte de la constructora brasileña deberán refutar las acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
La víspera, en la fase final de la vista fiscal, la letrada Ruth Morcillo sustentó la acusación contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y pidió su enjuiciamiento por recibir dinero de la compañia, al igual que el de los otros acusados.
“Solo el expresidente Martinelli tenía el poder económico, político y social para permitir la operación de la empresa Odebrecht y operar una estructura que permitió realizar obras con sobrecostos”, dijo la letrada.
También señaló que los hijos del exgobernante, Ricardo Alberto y Luis Enrique, ahora presos en Estados Unidos tras declararse culpables ante un tribunal de Nueva York, y varios exministros eran sus mayores lobistas.
Morcillo aseguró que todo lo relatado durante los alegatos de la fiscalía revela que el esquema ideado tenía el propósito de establecer una estructura para favorecer a una empresa constructora.
Precisó además que Martinelli recibió al menos dos transferencias de Odebrecht a través de la sociedad Caribbean Holding Services, por la suma de 1,6 millones de dólares y otra por 300 mil dólares.
Además citó la declaración de André Rabello, quien fungió como intendente de Odebrecht en Panamá, y quien señaló que a partir del acceso con Martinelli, sus hijos, y colaboradores más cercanos, resolvían problemas administrativos y ambientales en los proyectos.
En el caso de los hijos del multimillonario, la fiscal rechazó la teoría del doble juzgamiento esbozada por miembros de la defensa, quienes alegan que la condena que se les impuso en Estados Unidos de tres años fue por los mismos hechos investigados aquí.
Al respecto insistió en que no se trata ni de los mismos hechos ni de los mismos delitos, por lo que reiteró el llamado a juicio a Martinelli y sus dos hijos.
Más temprano, el fiscal Mahmad Hasan citó la declaración del estratega político Joao Santana y su esposa Mónica Moura, quienes, a apetición de Martinelli, pactaron un contrato con Odebrecht, por 21 millones de dólares para la campaña de José Domingo Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático para las elecciones de 2014.
Odebrecht admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
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