Por esa razón, entre otras muchas, Yuliesky Amador Echevarría, profesor de la Universidad de Artemisa, aseguró a Prensa Latina la pertinencia del nuevo Código de las Familias, instrumento que responde, en su totalidad, al mandato contenido en la Constitución de 2019.
El también máster en Derecho Constitucional y Administrativo explicó que la norma garantiza un marco regulatorio en correspondencia con la pluralidad presente en la sociedad cubana contemporánea, sin entrar en contradicción con las regulaciones internacionales refrendadas por la isla.
Además de la identificación de la multiplicidad de tipologías y el aporte de soluciones a sus problemáticas, la ley defiende el principio de justicia social, uno de los ejes centrales de la Revolución, desde su triunfo el 1 de enero de 1959, y resulta expresión del papel de la familia en la transmisión de valores.
De acuerdo con el experto, el Código, tras años de investigación, define principios jurídicos destinados al fortalecimiento de esas relaciones consanguíneas o no, respeto a la dignidad humana, igualdad de todos sus miembros y protección a los más vulnerables.
En este sentido, el orden vigente, implementado desde el 21 de agosto de 1976, no comprende las herramientas legales, desde la visibilidad, reconocimiento y garantía de derechos y deberes de los integrantes de la variada genealogía presente en la nación caribeña.
«Entender la necesidad de esta ley, implica además de su estudio, que todos, desde los medios, espacios académicos y cotidianidad contribuyan a la divulgación objetiva de su contenido, sin caer en repeticiones de verdades a medias o tergiversaciones de ideas sobre el mismo», indicó.
CAMPAÑA CONTRA LA LEY
El miembro del Proyecto Justicia en Clave de Género y de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) mencionó entre las novedades del Código la apuesta por el matrimonio igualitario, el derecho a una vida familiar sin violencias y la gestación solidaria.
Pese a la valorización de estos aspectos por varios grupos del activismo feminista, antirracista y a favor de la diversidad, la isla aún muestra rezagos de una cultura tradicional, advirtió Amador Echevarría, en la generalidad de los casos con enfoque patriarcal y machista.
Asimismo, subrayó «la existencia de prejuicios que afectan la comprensión y aceptación de muchos tópicos; así como, el desconocimiento de la proyección constitucional de igualdad y no discriminación».
De ahí que, enfatizó, algunos ciudadanos, bajo ese ángulo de visión, prefieran sacrificar el contenido de este decreto, solo porque no están de acuerdo o poseen insuficiente información respecto a determinado artículo; sumado a la variedad de miradas de los grupos generacionales y las denominaciones religiosas.
«Soy un convencido que la reticencia viene a partir de posiciones fundamentalistas de no todos los miembros de estas organizaciones y de una parte de la sociedad que, aunque no profesa algún credo, está en desacuerdo con la normativa. No es un Código sólo para un sector, sino de aplicabilidad general», explicó.
Luego del cierre del proceso de consulta, los impulsores de la campaña a favor de la no aprobación arguyeron sinnúmero de mentiras como un supuesto adoctrinamiento de niños y adolescentes o la eliminación de la Patria Potestad, denominada en el nuevo texto como Responsabilidad Parental.
«Además de cuestionar la legitimidad del Código y sus contenidos, tratan de atacar la figura de los principales líderes y autoridades de la nación caribeña, cuando a diario somos partícipes del esfuerzo y voluntad política de hacer prevalecer los derechos de todos en igualdad de condiciones», sentenció.
El ensayista y doctor en Ciencias Históricas Julio César González Pagés señaló que, una vez más, el enfrentamiento político pone en peligro la garantía de derechos y la desaprobación implicaría la demora de la unión legal de las personas del mismo sexo de manera legítima.
El especialista reseñó capítulos del pasado cubano como la aceptación del sufragio femenino, que transitó desde la Constituyente de 1991 hasta su consentimiento por decreto presidencial en enero de 1934 y la expulsión, hace 200 años, de la suiza Enriqueta Favez, por casarse vestida de hombre con otra mujer.
«Su vida, prestigio y profesión se fueron junto con ella al destierro. Los derechos civiles para todas las personas no deben ser moneda de cambio a favor o en contra de una ideología, demasiadas víctimas de esta práctica machista, heteronormativa y patriarcal tiene nuestra historia», recordó.
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