Al mismo tiempo, el canciller César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, descalificó otra opción opositora para cesar al mandatario, la de vacarlo por permanente incapacidad moral, y señaló que esa causal constitucional está siendo mal utilizada.
Palacios declaró que la acusación de traición a la patria, presentada por un grupo de abogados hoy políticos de extrema derecha, carece de fundamento jurídico.
Los denunciantes sostienen que el mandatario incurrió en ese delito y con ello en violación constitucional, al declarar en una entrevista sobre la posibilidad de ceder una salida al mar a Bolivia y responder que en tal caso consultaría al pueblo.
La congresista Palacios, del Partido Perú Libre, que mantiene una política de apoyo crítico a Castillo, señaló, como diversos juristas, que el delito de traición a la patria se comete con acciones concretas y no con comentarios ni supuestas intenciones.
Para los anunciantes, la sola posibilidad de la entrega de territorio para la salida al mar amerita que el mandatario sea sometido a proceso parlamentario por infracción constitucional, y sancionado con una suspensión o inhabilitación y a dejar el cargo.
“Lo único que está buscando la derecha es cumplir una agenda golpista que ha tenido desde el inicio del gobierno”, aseveró la legisladora.
El tema está en manos de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Legislativo, bajo control de la oposición, mientras la de Constitución busca viabilizar la vacancia con un proyecto de reducción del número de votos (dos tercios) de los congresistas requerido, reduciéndolo porque la oposición no obtuvo ese margen en dos intentos fracasados.
El canciller Landa, por su parte, dijo que la vacancia fue concebida como una medida extrema y excepcional y no de carácter subjetivo, dependiente solo del número de votos, sino de causales objetivas, es decir muerte, renuncia o no retorno del mandatario en el plazo daado por el Congreso para ausentarse del país.
De otro lado, la revista de izquierda Marka, que circula en Internet, denunció en el editorial de su última edición el peligro de que en Perú se imponga una dictadura militar, con el pretexto de “restaurar la gobernabilidad y generar condiciones para el desarrollo normal de la vida pública”.
Añadió que el presunto plan de establecer un régimen de ese tipo, fue puesto en marcha con la reciente elección del general de extrema derecha José Williams, quien asumiría la presidencia tras el pretendido retiro de Castillo y el de la vicepresidenta, Dina Boluarte, procesada también por una infracción administrativa menor.
“Ese objetivo es buscado por la derecha más reaccionaria para imponerlo contrariando la voluntad ciudadana, desde junio de 2021”, agrega sobre los llamados golpistas de entonces, a impedir que Castillo asuma la presidencia tras su victoria en las urnas.
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