Al respecto, la fiscal superior Ruth Morcillo indicó que los abogados aún no han podido descalificar lo que se les mostró en los expedientes, más de 813 páginas leídas anteriormente, un resumen de la investigación iniciada en 2017.
Sin embargo, el representante del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Roniel Ortiz, insistió en su comparecencia en el supuesto principio de especialidad, el cual, dijo, protege a su cliente. También alegó una presunta inmunidad como miembro del Parlamento Centroamericano.
El argumento es visto por analistas y medios informativos como el diario La Prensa como otro argumento para eludir los cargos de blanqueo de capitales relacionados con el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña.
Ortiz comentó que se trata de un entramado político contra su principal representado, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, en distintas ocasiones, han rechazado esta teoría y, en consecuencia, negado recursos a la defensa del exmandatario.
También el pasado 12 de septiembre cuando comenzó la audiencia que concluye este viernes, la jueza a cargo, Baloisa Marquínez, recordó ese dictamen, el cual echa por tierra los cuestionamientos de Ortiz.
El letrado insistió que, cuando Estados Unidos lo extraditó el 11 de junio de 2018, Martinelli quedó protegido por el principio de especialidad y que el Ministerio Público debió cerrar todas las investigaciones en curso contra su cliente, pero que ello no se hizo.
En su intervención, repitió que el proceso a Martinelli es de “carácter político” y reafirmó que su cliente “no es Águia”, el sobrenombre que aparecía en las plantillas de sobornos que pagaba el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como Caja Dos.
El expresidente, de acuerdo con lo que declaró el exintendente de Odebrecht André Rabello al Ministerio Público, recibió al menos dos transferencias de la constructora a través de Caribbean Holding Services: una por 1,6 millones de dólares y otra por 300 mil dólares. Otros abogados de la defensa pidieron sobreseimineto para sus clientes y levantar las medidas cautelares.
En la fase final de la vista fiscal, Morcillo sustentó la acusación contra el multimillonario Martinelli y pidió su enjuiciamiento por recibir dinero de Odebrecht, al igual que el de los otros acusados.
Sobre la responsabilidad del exmandatario panameño, indicó que en su administración tuvo el poder económico, político y social para permitir la operación de la empresa y dejar que una estructura irregular asumiera obras con sobrecostos.
También señaló que los hijos del exgobernante, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ahora presos en Estados Unidos tras declararse culpables ante un tribunal de Nueva York, y varios exministros eran sus mayores lobistas.
Además citó la declaración de André Rabello, quien fungió como intendente de Odebrecht en Panamá, y quien señaló que a partir del acceso con Martinelli, sus hijos, y colaboradores más cercanos, resolvían problemas administrativos y ambientales en los proyectos.
Odebrecht admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
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