En ese sentido sobresale en la vista que concluirá el próximo viernes un recurso de nulidad y un habeas corpus presentado por abogados que intentan frenar al Ministerio Público en su intención de llevar a los procesados a juicio y que fueron resueltos por el Tribunal Superior de Liquidaciones.
Al respecto, el Juzgado Tercero Liquidador, a cargo de Baloisa Marquínez, indicó que no habría ordenado la detención de ninguno de los investigados, por lo que al parecer el recurso tiene la intención de establecer cierta incertidumbre en el proceso.
También el Primer Tribunal Superior no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli(2009-2014), contra una decisión de la jueza Marquínez en la audiencia preliminar del pasado 18 de julio.
Hasta ahora los 15 abogados que presentaron sus alegatos intentaron desvincular a sus clientes del intrincado esquema de sociedades anónimas que fueron usadas por la constructora brasileña para la entrega de sobornos a cambio de facilidades para la adjudicación de contratos de infraestructura.
También la defensa sostuvo que la fiscalía no logró establecer la existencia de un delito precedente al posible blanqueo de capitales.
Uno de esos abogados, Roniel Ortiz, quien representa al exmandatario Martinelli alegó que a su cliente se le violó el debido proceso, ya que cuando se inició la investigación por parte del Ministerio Público era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y que correspondía a la Corte realizar la investigación.
En su intervención, Ortiz repitió que el proceso a Martinelli es de “carácter político” y reafirmó que su cliente “no es Águia”, el sobrenombre que aparecía en las plantillas de sobornos que pagaba el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocida como Caja Dos.
Sin embargo, el expresidente, de acuerdo con lo que declaró el exintendente de Odebrecht André Rabello al Ministerio Público, recibió al menos dos transferencias de la constructora a través de Caribbean Holding Services: una por 1,6 millones de dólares y otra por 300 mil dólares.
Otros abogados de la defensa pidieron sobreseimiento para sus clientes y levantar las medidas cautelares.
Luego de escuchar a las partes, la jueza Marquínez podrá decidir si hace llamamiento a juicio a los 50 imputados o si concede sobreseimiento a todos o algunos de los imputados.
Para la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, el Ministerio Público cumplió con lo solicitado en esta etapa, al demostrar que hubo un hecho punible, aclarando que esta no es una etapa probatoria.
Odebrecht admitió ante las autoridades de Estados Unidos haber pagado cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
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