Esto quedó demostrado el pasado 23 de septiembre en una votación de la junta directiva de la CSS, para dar el primer paso a fin de reactivar las pláticas congeladas desde diciembre de 2021.
Después de tres días de debate, se decidió finalmente dar cortesía de sala a las organizaciones populares que protestaron contra el alto costo de la vida y que en julio último lograron sentar al Gobierno en una mesa única para ventilar reclamos sociales, en la central provincia de Coclé.
La propuesta que se espera venga de esos colectivos está dirigida a recomponer la CSS, a partir de una lectura profunda de un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ratificó lo sabido: la crisis de las actuales y futuras pensiones de quienes cotizan en esa entidad pública.
CRISIS INMINENTE
Informes locales e internacionales dejan claro que la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social es inminente.
En diciembre de 2020, en medio de la Covid-19, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, convocó a un Diálogo Nacional por la CSS. Ese escenario funcionó hasta febrero de 2021 en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) en Amador, con Joaquín García como facilitador.
Sin embargo, uno de los sectores clave en este esfuerzo, el obrero, a través del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), se retiró de la mesa en marzo de ese año alegando, entre otras cosas, que debía cambiarse el facilitador y regresarse al “sistema solidario”.
Posteriormente el Ejecutivo, sopretexto de que era necesario un informe actuarial encargado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suspendió las conversaciones.
El debate sobre el IVM, relegado durante años, fue convocado entonces con la premisa de buscar soluciones que no afectaran las llamadas medidas paramétricas o edad de jubilación (57 años para las mujeres y 62 para los hombres) o el monto de la cuota obrero-patronal (13,5 por ciento).
La Junta Técnica Actuarial y el Departamento Actuarial de la CSS llegaron a la conclusión de que las reservas del subsistema de reparto definido del IVM y el fideicomiso a su favor se agotarán entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
En ese sentido llamaron a una reforma a la Ley, en el entendido de que para 2023, antes de los aportes que hace el Estado, habrá un déficit neto de mil 123,3 millones de dólares, que sube a mil 287 millones de dólares en 2024.
Los movimiento sociales pactaron además el reinicio del diálogo con la presentación del informe actuarial de la OIT, pidieron el cambio del facilitador, que los representantes de los partidos políticos salgan de la mesa y se sienten los dirigentes de los trabajadores.
Con propuestas distantes y alejadas de los números, el camino para llegar a un consenso en la eventual reactivación del diálogo con un carácter tripartito (gobierno, trabajadores y empresa privada) se torna difícil.
Además, por tratarse de una reforma a la ley orgánica de la CSS, el tema también debe pasar por la Asamblea Nacional (Legislativo), donde el ambiente a favor de buscar una salida tampoco es el más propicio, con divisiones incluso en la actual alianza de gobierno.
PARA CUBRIR EL DÉFICIT GRADUAL
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) difundido, ratificó la insostenibilidad financiera del subsistema del IVM.
En el documento de 182 páginas, el organismo precisó que la reducción progresiva de los cotizantes activos, y por tanto la caída de los ingresos por contribuciones, el agotamiento en 2024 de la reserva total del programa y el incremento acelerado de nuevas pensiones, crearán una fuerte presión en el creciente gasto del IVM.
El tema fue denunciado con anterioridad por organizaciones sociales y más reciente en una mesa única de diálogo con el Gobierno, al rechazar medidas paramétricas, a lo cual el titular de la CSS, Enrique Lau, respondió que con ese informe de la OIT tomarían nuevas decisiones.
Es así como el déficit operativo anual proyectado en términos nominales del sistema de beneficio definido del IVM crecerá progresivamente y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los siete mil 500 millones de dólares, según el estudio contratado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
La OIT reiteró la necesidad de que el Estado identifique nuevas fuentes de financiamiento para cubrir el déficit creciente, ya sea mediante la redefinición del fideicomiso a favor del IVM, el incremento de las transferencias anuales, o a través de otro instrumento alternativo que se defina.
No se aventuró a enunciar medidas paramétricas, como cambios en la edad de la jubilación o los años que se cotizan, aspectos criticados por los movimientos populares.
Un análisis de ese tipo fue el que debió tener el Ejecutivo para proyectar el llamado diálogo nacional sobre el asunto en 2021, cuyo supuesto objetivo era reformar la CSS.
El organismo internacional también apuntó hacia la falta de visión a largo plazo de las distintas administraciones del istmo desde que se reformó el sistema de pensiones en 2005, y los problemas de institucionalidad y de gobernanza que enfrenta la CSS.
En julio y agosto últimos, otros informes oficiales y movimientos populares en huelga alertaron sobre la descapitalización de la CSS, lo que ponía en riesgo el programa de beneficio del IVM. Estadísticas oficiales señalan que, en un año, las reservas financieras en esa esfera tuvieron una caída de 814,63 millones de dólares.
Esos ahorros, utilizados para pagar las pensiones cuando los ingresos no son suficientes, se redujeron de dos mil 226 millones de dólares en marzo de 2021 a mil 411 millones en igual mes de este año, según los informes.
En Panamá, la CSS es una entidad que depende mayormente de las contribuciones de los trabajadores y los patronos. Sin embargo, la crisis en sus finanzas era totalmente predecible con una caída en el empleo y, por ende, en los aportes de los cotizantes.
arb/ga
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
