“El Ministerio de Justicia confirma que el proceso Terrorismo Separatista fue «archivado arbitrariamente» por el gobierno de facto. Corresponde que ese ministerio denuncie ese hecho y reabra el caso para lograr una sanción ejemplar a los que atentaron contra la unidad de la Patria”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.
Este mensaje da continuidad a otros tuits publicados desde este lunes por el líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), quien asegura que “atentar contra la integridad de Bolivia merece la pena máxima y es delito de traición a la Patria que no prescribe”.
Añade que además de eso el proceso ya tiene sentencias ejecutoriadas de separatistas confesos, y expresó su confianza en que “esta vez no tratarán de beneficiar a golpistas y separatistas”.
La víspera, Morales acusó en la red social al grupo mediático El Deber de mentir al insinuar que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue emitido en su contra.
“Un informe de la CIDH no es un «fallo» porque los fallos o sentencias son emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sí son de cumplimiento obligatorio”, explicó en otro texto.
Al respecto subrayó, tal vez, quien filtró ese informe “no explicó la diferencia a su cómplice de @grupoeldeber. La mentira tiene patas cortas”.
Morales recordó que durante el gobierno de facto el ahora prófugo Arturo Murillo gestionó el cierre de este caso pese a la existencia de separatistas confesos y sentenciados.
“Lamento mucho que algunos tratan de concluir el trabajo sucio de Murillo para intentar involucrarnos. No tenemos ningún miedo. Es obligación moral, política y legal defender la unidad de la Patria”, sostuvo, y anunció que en su momento revelará cómo y quiénes promovieron la utilización de este caso con fines políticos.
“Como hemos advertido anteriormente, el “lawfare” o instrumentalización de la justicia con fines políticos es un método de la derecha interna y externa”, concluyó el exmandatario.
La víspera, el Ministerio de Justicia sostuvo en un comunicado oficial que el Gobierno no puede emitir ningún criterio sobre el Informe Final de la CIDH, que hace alusión al caso Terrorismo, porque se encuentra “bajo reserva y confidencialidad”, y Bolivia respeta el Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José, de Costa Rica.
La cartera añadió que ese hecho data de 2009 y fue “archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”.
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