Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe de Prensa Latina en Panamá
De cara a los comicios generales del 5 de mayo de 2024, la precandidata presidencial por libre postulación Maribel Gordón, quien representa a las fuerzas progresistas, reflexionó en diálogo con Prensa Latina sobre las particularidades de esas elecciones, los problemas que más aquejan a la población, la mesa única de diálogo con el Gobierno y los proyectos para lograr un país de vida digna.
Gordón integró, como candidata a vicepresidenta, dos fórmulas de gobierno impulsadas por el Frente Amplio por la Democracia (FAD) en las consultas de 2014 y de 2019, pero sin los resultados esperados y ahora, como precandidata presidencial por libre postulación, defiende una sociedad más justa y equitativa.
Prensa Latina (PL): Usted es defensora de la formación de conciencia frente a escenarios electorales adversos como el que se avecina, y con el antecedente de que luego, en el momento crucial, algunas de esas mayorías discriminadas y que luchan en las calles respaldan con su voto a los explotadores de siempre.
Maribel Gordón (MG): Nuestra visión del proyecto es de largo plazo que nos permita construir otro Panamá, el de justicia social, de equidad, de defensa de los derechos humanos y en función de esa trayectoria hay una pieza que en ocasiones el movimiento social deja de lado y que también tiene falencias, y es lo que representa ubicarnos en la entrada a la vida electoral.
El movimiento social panameño se caracteriza por la lucha reivindicativa como base fundamental, y en esa dirección tiene logros, incluso algunos sectores con conquistas en la defensa de los Convenios Colectivos, de mejores salarios y establecer relaciones más cónsonas con el ambiente.
La lucha reivindicativa podría ser algo más fácil, pero cuando alcanza un cierto nivel, el movimiento social debe estar claro que necesita dar el salto cualitativo, pasar de lo que los sociólogos llaman “de clase en sí a clase para sí”.
Ese salto está además en el imaginario de hacia dónde queremos ir y debemos verlo como todo un proceso de formación de conciencia, de organización de la mayoría de la población que aspira a esas transformaciones.
En el plano electoral lo vemos como una vía para seguir avanzando hacia el imaginario, pero dentro del movimiento social enfrentamos dificultades, por ejemplo, la actitud de no participación, y eso explica incluso los obstáculos encontrados para consolidar un instrumento político como el Frente Amplio por la Democracia (FAD), una organización diferente frente a la partidocracia.
Es importante resaltar que la población ve al movimiento social como una fuerza contestataria ante los problemas que la afectan, pero no lo vincula con la necesidad del salto cualitativo, de construir poder popular- que es más amplio-, pero también pasa por el tamiz electoral.
Estos procesos fueron impactados tras el golpe de Estado de 1968 cuando se destruye la organización comunal y lo electoral también requiere de lo territorial, trabajar con sectores organizados en las comunidades, los indígenas, los campesinos y otros pobladores, y eso no es una tarea fácil.
Debemos pasar al debate en todos los planos y terrenos, que como resultado final nos dé las construcciones de una sociedad más justa, equitativa, de democracia real, de garantía de los derechos humanos en su más amplia connotación.
Enfrentamos además un panorama electoral clientelista, con sistemas y códigos antidemocráticos que favorecen esa distorsión, donde para ellos todo cuesta, pero lo llaman inversión.
Es una compleja situación en la que intentamos poner topes, dadas las precariedades en materia de satisfacción de las necesidades elementales y sobre todo en condiciones de pobreza.
Las leyes están dirigidas a preservar los intereses del poder económico y garantizar que dentro de los partidos políticos tradicionales siempre quede la conducción del Estado, es decir, los gobiernos.
Aunque como FAD avanzamos en las elecciones de 2014 y de 2019, para 2024 cambió el escenario, en el que además de la Covid-19, aparecieron normas que profundizaron las inequidades y dificultaron la inscripción y reconocimiento de esa organización política.
Pero teníamos dos alternativas: o dejar el campo libre a la partidocracia o participar, como decidimos, en el torneo electoral con la precandidatura por libre postulación y hacia allá vamos ahora, abocados a un proceso de recolección de firmas de respaldo hasta el 31 de julio de 2023.
MOMENTO HISTÓRICO
PL: Panamá vive un momento histórico este año con las movilizaciones y protestas sociales contra el alto costo de la vida, inéditas en los últimos 30 años, según analistas. ¿Qué opinión le merece?
MG: Las reivindicaciones sociales fueron más visibles desde julio pasado, en las que se unieron sectores organizados y de manera espontánea la población en las calles para poner sobre el tapete que se respeten sus derechos elementales y satisfagan necesidades en alimentación, salud, agua potable.
No podemos perder ese esfuerzo que permitió incluso obligar al Gobierno a que se sentara en una mesa única de diálogo en la ciudad de Penonomé, central provincia de Coclé.
Los colectivos pusieron visibles ante la radio y las cámaras de televisión, en transmisiones en directo, no solo los problemas que conocemos, sino sobre todo las causas y mejor aún sus responsables y, por supuesto, eso molestó al poder económico.
Mi participación en las elecciones de 2024 entonces como precandidata presidencial independiente representa ese clamor y movimiento social que intenta dar el salto cualitativo, pero demanda una mayor organización y unidad, como quedó demostrado con la conformación de la alianza Pueblo Unido por la Vida, que reúne a agrupaciones no siempre afines en sus posiciones.
VIDA DIGNA, OPCIÓN CORRECTA
PL: Su proyecto de Gobierno como precandidata presidencial independiente habla de la “opción correcta” hasta llegar a un Panamá de vida digna. ¿A qué se refiere?
MG: El sistema nos llevó a ponerle apellido y hablar de vida pero digna. Se trata de un sistema en que la economía ponga como su eje fundamental a los seres humanos. Significa tener vida sana, garantizar alimentación saludable y a precios razonables, la necesidad de trabajo y salario justo, además de acceso al agua potable.
Panamá es un país rico en recursos hídricos, sin embargo, casi un 11 por ciento de los 4,2 millones de habitantes no tiene acceso al agua potable y solo en la ciudad capital, más de 300 mil personas no cuenta con el vital líquido todos los días de la semana.
Aspiramos al derecho a vivir que nos los quieren arrebatar cuando plantean que hay que incrementar la edad para jubilarse, y como yo dijera en 2005, pretenden llevarnos del trabajo a la tumba.
Cuando hablamos de vida digna, con medidas a corto, mediano y largo plazo, nos referimos también a las garantías de seguridad social, salud y educación de calidad, a un crecimiento económico en armonía con la naturaleza.
El derecho al goce pleno, a la recreación, al deporte, a la cultura, que nos permite ofrecer a ese hombre y a esa mujer un horizonte de esperanza, para cumplir con lo que dice la Constitución de la República: propender la vida decorosa.
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