Por Fernando Braga
Editor senior y periodista de Metrópoles.com, uno de los medios de prensa digital más relevantes en Brasil. Colaborador de Prensa Latina.
Categóricamente, el 15 de abril de 2021 comenzó a decidirse la elección presidencial en el gigante suramericano. A casi un año y medio de esa fecha los brasileños elegirán al presidente que gobernará la nación durante los próximos cuatro años.
Ese día, el Superior Tribunal Federal (STF) decidió por ocho votos contra tres anular las condenas dictadas a Lula dentro del marco de la desarticulada operación judicial Lava Jato.
La controvertida investigación realizada por la Policía Federal y el Ministerio Público encontró un esquema de lavado de dinero que se dio durante los gobiernos en los que estuvo en el poder el Partido de los Trabajadores, PT, de 2003 a 2016.
Según el máximo órgano de la justicia brasileña, la Justicia Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, no tenía competencia para juzgar el caso, lo que correspondería a la Justicia Federal del Distrito Federal.
La decisión se produjo tras la revelación de mensajes privados que mostraban la cercanía del exjuez Sérgio Moro, encargado de conducir el proceso, con fiscales que acusaron a Lula, algo que viola la Constitución brasileña.
Este hecho ocurrió cinco años después del terremoto político que sacudió al país y llevó al expresidente al encarcelamiento por 580 días en Curitiba. Con eso, él recuperó sus derechos políticos y vio un camino claro para postularse en las elecciones de octubre de 2022.
Aún con el desastroso liderazgo del presidente Jair Bolsonaro en la lucha contra la pandemia, que incluyó minimizar la Covid-19, estar en contra del uso de mascarillas, predicar contra el aislamiento social y retrasar el proceso de vacunación, el actual líder del Poder Ejecutivo disfrutó de una cómoda posición frente a posibles futuros competidores al Palacio del Planalto (sede oficial de la presidencia).
Por el momento, ningún nombre parecía lo suficientemente fuerte como para desacreditar a una de las figuras más obscuras, controvertidas y autoritarias creadas por la derecha en los últimos 34 años de democracia brasileña.
Hasta principios de 2021, Bolsonaro disfrutó del poder, obtuvo importantes victorias en el Congreso Nacional con la ayuda de los llamados partidos de centro (o Centrão), conocidos por votar en contra o a favor de los proyectos de ley -según la conveniencia y la cantidad de votos o posiciones estratégicas que se les ofrezcan–, y siempre mantuvieron el apoyo de una participación promedio del 30 por ciento de los votantes.
Sin embargo, el hecho de que los casos que involucran a Lula regresaran al punto de partida tuvo, al menos, una consecuencia: la prescripción de los delitos mencionados en las condenas. Y eso fue fundamental para cambiar el tablero de ajedrez en la política brasileña.
Al archivar definitivamente la acción, el tribunal federal accedió a la solicitud del Ministerio Público, que consideró era imposible concluir la investigación en el plazo establecido por la ley. Existía, por tanto, la llamada prescripción punitiva, o sea, el fin del plazo para castigar los presuntos delitos atribuidos a Lula.
La parcialidad de Moro fue atestiguada por el Supremo dos meses después, en junio de 2021, confirmando sospechas sobre la actuación del exmagistrado durante el proceso Lava Jato. Las pruebas recabadas fueron invalidadas, sin que se puedan utilizar en un posible nuevo juicio.
Vale la pena señalar, sin embargo, que Lula no fue considerado inocente por la justicia brasileña, pues no resultó juzgado de esa manera. Es correcto decir que fue absuelto y los procesos anulados ya que el Ministerio Público no ofreció una nueva denuncia en el caso porque no pudo recabar pruebas que corroboraran la tesis acusatoria.
De este modo, como defienden juristas del país, con la anulación de la condena, Lula “es tan inocente como alguien que nunca ha sido procesado”.
DESAFÍOS PARA LULA
Sin obstáculos para su candidatura, Lula emerge como líder en las principales encuestas de opinión entre los candidatos a presidente de la República. Sin embargo, si es elegido, no tendrá una tarea fácil por delante.
En primer lugar, deberá pacificar el país que desde 2013 está dividido entre la derecha conservadora y la izquierda progresista.
Además, necesitará contar con el apoyo de la mayoría en el Congreso Nacional si quiere aprobar medidas importantes y necesarias para el desarrollo del país.
Sin embargo, esto requiere negociar nuevamente con los líderes de los partidos de centro, conocidos por la llamada política de sácalo de aquí, en la que se comprometen a respaldar proyectos de ley, no basados en ideales o banderas, sino en meros intereses por liberar fondos para sus estados representados.
Estos partidos fueron uno de los principales responsables del impeachment (juicio político) de la expresidenta Dilma Rousseff en 2016, y se alinearon con el actual gobierno en una serie de retrocesos que alcanzaron a brasileños sin distinción, sean ellos trabajadores, empresarios, pobres o familias de clase media.
No obstante, el principal desafío que Lula deberá enfrentar se refiere al aspecto social. En cuatro años de gobierno de Bolsonaro, Brasil aceleró el retroceso en esta área.
Tras salir del Mapa del Hambre en 2014, cuando 9,5 millones de personas (cinco por ciento de la población) luchaban todos los días por un plato de comida, Brasil vio a 33,1 millones de ciudadanos (15 por ciento de la población) vivir en situación de no poder comer. Este es el mismo índice que en 1992.
Un estudio reciente publicado por las Naciones Unidas confirmó que el país descendió ocho posiciones en el Índice de Desarrollo Humano, ubicándose en el puesto 87 entre 191 naciones evaluadas, detrás de 15 naciones de América Latina y el Caribe, entre ellas, Chile, Argentina, Uruguay y Perú.
Durante la crisis sanitaria, la esperanza de vida promedio cayó de 75,3 años en 2019 a 72,8 en 2021. El descenso llevó al país al mismo nivel que en 2008, cuando era de 72,7 años.
Al mismo nivel que en 2015 retrocedieron las intenciones de consumo de los hogares en 2021. El endeudamiento alcanzó el 77,7 por ciento de las familias brasileñas, el más alto en 12 años, según la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo.
La inflación aumentó considerablemente. La tasa pasó del 3,75 por ciento anual en 2018 al 10,06 en 2021. Como resultado, en los últimos cinco años la moneda brasileña (real) perdió el 31,32 por ciento de su poder adquisitivo.
En otras palabras, con el equivalente a 100 reales (un poco más 20 dólares), los brasileños pueden comprar solo dos tercios de los productos que llevaron a casa en 2017. Los que sufren son siempre los más pobres.
Realmente en ningún área logró Bolsonaro ser tan destructivo como lo fue en el tema medio ambiental. Con incentivos gubernamentales, desmanteló las agencias de protección ambiental y permitió que empresas ilegales operaran en los bosques, especialmente en la Amazonia.
Mientras que en 2012 el área deforestada en esta región era de mil 769 kilómetros cuadrados (km²), en 2021 la cifra llegó a 10 mil 362 km², según el Sistema de Alerta de Deforestación, del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia.
Todo esto sin contar la inflación, el aumento de combustibles y electricidad, el desempleo, la deserción escolar, las altas tasas de interés y las bajas coberturas de vacunación, lo que pone en riesgo el regreso de enfermedades ya erradicadas como el sarampión, la rubéola y la poliomielitis.
En 1955, Juscelino Kubitschek, uno de los presidentes más conocidos de Brasil y responsable de la construcción de Brasilia, llegó al poder con la promesa de hacer crecer el país «50 años en cinco». Con Bolsonaro, la nación se vio retroceder 20 años en cuatro.
Para que el país vuelva a crecer y mejore las condiciones de vida de la población, es fundamental dejar atrás (otra vez) estos índices arcaicos.
Una nación solo puede desarrollarse con ciudadanos que salgan de la pobreza, con oportunidades para todos y esperanza de días mejores. Esto es lo que todos los brasileños esperan del próximo presidente. Sea Lula o cualquier otro que reciba la banda presidencial el 1 de enero de 2023.
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