Por Anelí Ruiz García
Corresponsal de Prensa Latina en Haití
Desde finales de agosto miles de haitianos salen a las calles para criticar la precaria situación y pedir la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, un neurocirujano que asumió el poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse para estabilizar la nación caribeña asediada por los grupos armados, además de llegar a un acuerdo político y realizar elecciones.
Un año después, la situación es peor que cuando llegó al cargo, con una inflación que supera el 30 por ciento, la mayor en más de una década y un aumento de más del 50 por ciento del precio de los alimentos.
En agosto el economista Etzer Émile recordó que desde 2003 no se registraba ese nivel inflacionario en Haití y realizó un llamado de alerta a las autoridades para evitar la “catástrofe económica”.
Un informe del Instituto Haitiano de Estadísticas confirmó que hasta julio los productos importados y las producciones locales aumentaron hasta un 43,2 por ciento con respecto al pasado año y las variaciones más significativas se registraron en el departamento Sur, afectado por el terremoto de 2021, y Oeste, donde se emplaza la capital.
En la inflación influyó la devaluación de la moneda nacional que perdió más de un 30 por ciento de su valor de enero a agosto, lo cual, para el presidente de la Asociación de Economistas, Eddy Labossiere, es señal de especulación.
De acuerdo con el financista, el sector empresarial privado tiene secuestradas las bases económicas, y es el que maneja y controla la circulación de las divisas en el mercado.
A esto se sumó la escasez de los combustibles, cuyos precios se quintuplicaron en el mercado informal, mientras muchas estaciones de servicio cerraron y los que gestionan el sector importaban volúmenes menores de hidrocarburos.
COMBUSTIBLE COMO DETONANTE
En este contexto, el ministro de Asuntos Sociales de Haití, Odney Pierre Ricot, anunció que el precio del galón de gasolina se fijó en 570 gourdes (unos 4,90 dólares), más del doble de su valor, el diésel en 670 gourdes (unos 5,80 dólares) y el queroseno 665 (5,76 dólares).
De acuerdo con el Gobierno, mensualmente se destinan nueve mil millones de gourdes (unos 77,90 millones de dólares) para costear la subvención, lo cual supone el doble de la factura salarial del Estado.
Asimismo, señaló que los ingresos totales registrados en las aduanas no son suficientes para costear los subsidios de los productos petrolíferos, y los precios son significativamente más bajos en Haití que en el mercado internacional.
Tras confirmarse los nuevos valores, decenas de miles de personas se volcaron a las calles, bloquearon las avenidas, levantaron barricadas, saquearon almacenes de la ONU, organizaciones no gubernamentales, escuelas, empresas privadas y públicas, y bancos, así como oficinas estatales e iglesias.
Como si no fuera suficiente, la federación de pandillas G-9, liderada por el expolicía Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, construyó trincheras en las inmediaciones de la terminal Varreux, la mayor de su tipo en el país, que almacena el 70 por ciento de los hidrocarburos.
Desde el 12 de septiembre el depósito no puede operar, a pesar de albergar casi cinco millones de galones de diésel y una cifra similar de gasolina, además de más de 800 mil de queroseno.
El bloqueo al abastecimiento obligó la reducción de servicios de la mayoría de los hospitales, algunos incluso amenazaron con el cierre ante la incapacidad de abastecerse, al igual que varias fábricas de los parques industriales.
SERVICIOS ESENCIALES GRAVEMENTE COMPROMETIDOS
Casi el 86 por ciento de la producción de electricidad en Haití depende de los bienes petrolíferos, pues la red nacional solo la brinda algunas horas al día y ofrece servicios a poco más del 30 por ciento de la población.
“En consecuencia, los servicios esenciales, como el acceso al agua y las telecomunicaciones, se ven gravemente comprometidos”, manifestó el Programa Mundial de Alimentos en un comunicado el 30 de septiembre.
Barbecue, por su parte, aseguró en un mensaje que circuló en redes sociales que continuarán bloqueando porque “no tenemos nada que perder”.
“No tenemos terminal en Varreux, ni (parque industrial) Shodecosa, ni APN (Autoridad Portuaria Nacional), ni aduanas, ni Parlamento. Eso significa que no tenemos nada que perder. No tenemos bancos, ni supermercados”, dijo Cherizier, quien el pasado año encabezó un movimiento similar.
También amenazó con un “baño de sangre” si el primer ministro no renuncia o huye y sugirió a la población mantenerse en sus casas.
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la representante del organismo mundial en Haití dijo que la crisis económica, política y de pandillas convergieron en una catástrofe humanitaria para el país, donde unos 4,9 millones de personas necesitan asistencia.
Para la sociedad civil, solo el relanzamiento del proceso democrático que responda al estado de devastación del país puede solucionar la crisis.
“La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, lamentablemente siempre ha estado del lado equivocado de la cerca. Al decidir otorgar su protección ciega a la coalición política liderada por Ariel Henry, también ha optado por ignorar los esfuerzos de la sociedad civil por encontrar una solución haitiana a la crisis multidimensional”, señaló Rosy Auguste Ducéna, abogada y coordinadora de programas de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.
Los organismos sociales y partidos progresistas abogan por el establecimiento de un nuevo Gobierno, aunque sin señalar las medidas concretas a adoptar y a nivel internacional toma fuerza la idea de una intervención, pese a que su versión anterior solo empeoró los problemas nacionales.
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