“Ante las acciones de rearticulación de la derecha golpista y antidemocrática de sus actores que hasta el día de hoy siguen impunemente conspirando contra el Gobierno democráticamente elegido, nos declaramos en estado de emergencia para la defensa de la patria”, establece el punto dos de la resolución de ese foro.
Según el comunicado circulado a la prensa, los asistentes al encuentro político acordaron invitar al presidente Arce y al vicemandatario, David Choquehuanca, a una reunión con el MAS y el Pacto de Unidad, integrado por sectores sociales.
De acuerdo con el texto, el encuentro tiene como objetivo “tratar temas internos y realizar una lectura política conjunta para enfrentar a la derecha”.
El “estado de emergencia” es convocado en momentos en que sectores radicales de la élite de Santa Cruz encabezados por el gobernador, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, insisten en realizar un paro por tiempo indefinido
Junto a Camacho esta élite rechaza el diálogo con las autoridades para debatir su propuesta de anticipación del Censo de Población y Vivienda para 2023.
El analista político Reimy Ferreira aseguró en entrevista al canal Bolivia Tv que el cabildo realizado el 30 de septiembre en el departamento cruceño evidenció una agenda conspirativa para confrontar al Gobierno democráticamente elegido.
Al referirse al hilo conductor de los oradores que intervinieron en esa consulta popular deliberativa, Ferreira advirtió que se trata de un discurso bien orientado a desgastar al Ejecutivo de Arce, sin “importar la estabilidad económica del país”.
La televisión transmitió un fragmento de la intervención en el cabildo del exmilitar Jorge Santiesteban, quien al dirigirse a los asistentes expresó: “recuerden que ya los derrotamos y los vamos a volver a derrotar”, en alusión al derrocamiento del expresidente Evo Morales.
Ferreira indicó que, aunque no se poseen elementos para hacer afirmaciones, sí llama la atención que Calvo recurrió a dos simbolismos, al dar un ultimátum al Gobierno para que fije el 2023 como fecha de realización del Censo y no 2024 como estableció por consenso el Consejo Nacional de Autonomías -que agrupa a todas las instancias gubernamentales del país.
El primero son los 21 días, tiempo que duró el paro indefinido que desembocó en la renuncia del expresidente Morales, y el segundo el inicio de esa medida de presión a partir del 22 de octubre, fecha coincidente con la de la arrancada de aquellas movilizaciones antigubernamentales.
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