De acuerdo con un comunicado de la Coordinadora, la CIDH otorgó cuatro meses al Gobierno del país istmeño para dar respuesta sobre la violación a los derechos humanos de ese pueblo originario en relación con sus territorios ancestrales en la provincia de Bocas del Toro, en los límites con Costa Rica.
El rey Bulú, de los Bri Brí, Joaquín González, manifestó que la ardua lucha por el reconocimiento de los derechos de ocupación ancestral de su pueblo empieza a dar sus frutos y espera que finalmente se haga justicia.
Por su parte, el presidente de la Coonapip, Marcelo Guerra, sostuvo que ya es tiempo que el Gobierno panameño ponga orden en la situación que enfrenta el pueblo Bri Brí, que se haga justicia y se respete sus derechos humanos, porque de lo contrario están condenados a desaparecer.
En recientes declaraciones al diario La Estrella de Panamá, Guerra sostuvo que no es posible que al pueblo Bri Brí se le niegue el derecho a titular sus tierras de manera colectiva, sin embargo, a personas foráneas con influencias políticas, económicas y de otros intereses poderosos, las instituciones del gobierno alegremente les otorgan títulos de propiedad.
Manifestó que la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Panamá no cesa, y la Coonapip se mantiene firme en esa lucha.
La demanda tuvo lugar luego que el Ejecutivo, a través de la Autoridad Nacional de Tierras, el 12 de abril de 2019, ordenara archivar el expediente de solicitud de titulación colectiva por considerarlo incompleto.
Mientras la dirigente de la mujer Bri Brí denunció que desde entonces, de la noche a la mañana, tramitaron decenas de títulos individuales y aparecieron en sus territorios nuevos dueños que jamás han vivido en dicha localidad y empezaron a trazar trochas y talar árboles sin control.
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