La versión sostiene que los indagados son los legisladores Ilich López, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores y Darwin Espinoza.
Los congresistas serán investigados hasta por 36 meses por posible corrupción por testimonios dados a la Fiscalía, por otros indagados con el fin de recibir un trato judicial deferente por delitos propios.
Los legisladores mencionados fueron inicialmente acusados por adversarios políticos, de no votar contra dos mociones de vacancia (destitución) del presidente Pedro Castillo, a cambio de acceder a través de terceros a posiciones en ministerios y direccionar obras públicas a favor de determinadas empresas.
En su defensa, rechazan las acusaciones y sostienen que no apoyaron la vacancia exclusivamente por consideraciones políticas, en aras de la estabilidad del país, frente a la posición del sector duro de la oposición que desde el inicio del gobierno, en julio de 2021, han planteado la vacancia y otras opciones de cesar a Castillo.
La primera investigada por corrupción, Karelim López, cabildera (gestora de negocios con el Estado), fue la primera que señaló a los hoy indagados, con el fin de lograr un acuerdo de inmunidad con la Fiscalía.
Otros elementos que sustentan la investigación abierta son delaciones sobre reuniones entre los indagados y el jefe de Estado o sus ministros, que ellos sostienen son normales, pues los congresistas de todos los partidos suelen dialogar con el Ejecutivo e indagar sobre obras para los pueblos de las poblaciones que representan.
De otro lado, la fiscal de la Nación fue en días pasados denunciada judicialmente por revelaciones periodísticas según las cuales retiró a una fiscal que investigaba a su hermana jueza, Emma Benavides, por dar libertad condicional a un narcotraficante colombiano, medida que la denunciada atribuyó a un reordenamiento.
Los abogados denunciantes del caso imputan a Patricia Benavides Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, los delitos de pertenencia a una organización criminal, encubrimiento y obstrucción de la justicia.
La fiscal de la Nación pareció responder a la acusación en un artículo publicado en el diario El Comercio, cabeza del mayor grupo mediático opositor del mismo nombre
Sostuvo que el Ministerio Público enfrenta intentos del poder político, “de presión, intimidación, campañas de desprestigio y descalificación” con el fin de obstruir las investigaciones contra la corrupción, según el texto de Benavides, apoyada por la oposición y acusada por el Gobierno de ser parte de una conjura con sectores del Parlamento y la prensa, para cesar al presidente y al Ejecutivo.
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