La medida fue solicitada, tras una larga investigación, para los excomandantes generales del Ejército, César Astudillo, Jorge Celiz, Luis Ramos y Ricardo Moncada y otros oficiales considerados cómplices, todos acusados de pertenencia a una organización criminal, peculado agravado y encubrimiento.
Las indagaciones del Ministerio Público llegaron a la convicción de que los imputados desviaban grandes cantidades de combustible que vendían a gasolineras y familiares, para beneficio propio.
Como pruebas, la Fiscalía Anticorrupción asegura tener confesiones de aspirantes que ofrecieron colaborar con la justicia, agendas personales con anotaciones sobre las actividades ilegales y documentos de ocho despachos militares allanados en febrero de 2021.
En la operación fueron registradas la casa de Astudillo, entonces presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y las de otros investigados y en esa oportunidad el fiscal pidió que se le cometa a prisión preventiva, lo que no aceptó el juez a cargo del caso.
Pese a ello, Astudillo se mantuvo en el cargo hasta que renunció en julio de 2021, días antes de iniciarse el gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, por rechazarlo políticamente, según versiones periodísticas que el general no desmintió.
Moncada fue jefe del Ejército de 2012 a 2014, Ramos de 2015 y 2017, Astudillo de 2017 a 2018 y Jorge Céliz de 2018 a 2020.
En 2018 fue condenado a cinco años y seis meses otro exjefe del Ejército, el general Edwin Donayre, también por vender 80 mil galones de combustible, cuando era jefe de la Región Militar Sur, y otros 40 militares y civiles cómplices recibieron penas diversas.
Donayre era entonces parlamentario e invocó su inmunidad para no acatar la sentencia hasta que en 2019 fue rechazada su apelación en última instancia y pasó a la clandestinidad, siendo capturado y encarcelado meses más tarde.
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