El abogado de la familia, Eduardo Pachas, dijo que la anciana se decompuso ante esa acción y tuvo que ser trasladada en una ambulancia, parte del despliegue policial a cargo de la incursión.
Ella radica en el interior, estaba en la casa de su hija Gloria Castillo y convalecía de una muy recientemente operación de apendicitis que tuvo complicaciones, según fuentes médicas
Tras el registro, el mandatario Pedro Castillo denunció en un tuit:: “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”.
Pasado el mediodía, Pachas dijo que el registro no fue legal porque no se ajustó a la autorización del juez y señaló que la Policía no encontró pruebas relacionadas con uno de los casos de supuesta corrupción por los que es investigado Castillo.
El allanamiento fue parte de una operación que incluyó similares acciones, en busca de pruebas, en casas y oficinas de seis congresistas ajenos al oficialismo y órdenes de detención de siete exfuncionarios y empresarios del entorno del mandatario.
Las acciones de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder cuentan con gran apoyo mediático, que difunden transcripciones de carácter secreto de las confesiones de colaboradores de esa autoridad que inculpan a Castillo y su entorno de diversos delitos.
Los textos están poblados de condicionales, como la afirmación de que Castillo habría gestionado al más alto nivel asilo en Venezuela para el exsecretario de la Presidencia, Bruno Pacheco, uno de los investigados que, en busca de inmunidad, declararon en su contra.
El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, desmintió el dicho y deploró que desde hace meses se acusa al presidente sin que se presenten las pruebas que demuestren veracidad. Calificó como un “show” la actuación de la Fiscalía.
Las operaciones, iniciadas al amanecer, fueron celebradas por las bancadas parlamentarias de derecha extrema y por medios de prensa afines, que hablan de la inminencia de una denuncia de la fiscalía contra Castillo ante el Parlamento, para que este suspenda su inmunidad constitucional, a fin de someterlo a juicio.
La congresista Margot Palacios, del Partido Perú Libre, denunció que las operaciones de la Fiscalía apuntan a destituir al presidente, algo que buscan las bancadas de derecha extrema desde el inicio de su mandato.
Expresó igualmente su solidaridad con los seis congresistas cuyas casas y oficinas fueron allanadas y consideró el hecho como un abuso que atenta contra los fueros del Congreso de la República.
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