Los delitos que se le imputan a las mencionadas personas son de lavado de activos producto del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, tráfico de armas de fuego y usurpación de identidad dentro de la estructura del crimen organizado.
Según la Fiscalía, el documento acusatorio contiene más de tres mil pruebas, entre materiales, documentos, así como elementos periciales y testimoniales.
El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, resaltó la solidez de la acusación y confió en que los tribunales harán caer todo el peso de la ley a los responsables de incurrir en actividades delictivas propias del crimen organizado.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó el decomiso definitivo de más de 150 bienes muebles e inmuebles, incluyendo villas, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles, incautados a la organización delictiva mediante intervenciones interagenciales.
Además, solicitó el decomiso de más de 400 millones de pesos (7,5 millones de dólares) y cinco millones de dólares en cuentas bancarias y mediante allanamientos.
La desarticulación de la red criminal se produjo el año pasado, tras una investigación que se ha extendido durante varios meses.
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