El grupo, de mayoría opositora, decidirá cómo actuar tras el extenso documento que contienen los indicios, hipótesis y dichos de colaboradores captados por la fiscalía entre investigados y ligados al caso, a cambio de inmunidad o trato judicial deferente.
Para la oposición, la gravedad de las acusaciones amerita vacar (destituir) al presidente, algo que requiere los votos de dos tercios de los congresistas no alcanzados en dos intentos fracasados, por lo que no es seguro que se alcance esta vez.
Por ello, los detractores del mandatario barajan las opciones de suspender por mayoría simple o acusar de violación constitucional al mandatario.
El dirigente político Vladimir Cerrón advirtió que habrá violencia con graves consecuencias si el Gobierno fuera vacado (destituido) por el impopular Parlamento (que tiene una aprobación en las encuestas que ha caído hasta seis por ciento).
“Promover la vacancia es irresponsable, porque para satisfacer los intereses de un puñado de ricos se pretende destruir la democracia, lo que conllevará a enfrentamientos violentos con lamentables consecuencias”, aseveró el secretario general del Partido Perú Libre, del que fue candidato triunfante el presidente Pedro Castillo.
La violencia asomó ayer frente al Palacio de Gobierno, cuando un reducido grupo de elementos del viejo Partido Aprista intentó llegar a la sede, fue desalojado por la Policía y sostuvo un breve choque con un contingente mayor de simpatizantes de Castillo.
El mandatario, a su vez, rechazó la denuncia de la polémica fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentada el 11 de octubre al Parlamento.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, uno de los voceros políticos del Gobierno, dijo que la denuncia de Benavides “tiene un solo objetivo, sacar al presidente Castillo del poder que ganó en elecciones generales”.
De otro lado, las bancadas progresistas del Parlamento ofrecieron una conferencia de prensa en la que consideraron que la denuncia de la Fiscal sirve a fines golpistas y no debe ser usada para incumplir el artículo constitucional que prohíbe acusar a un presidente en funciones, salvo por traición a la patria y por atentar contra los poderes legislativo y electoral.
La legisladora Ruth Luque dijo en la confetencia que el Congreso debe actuar con mucha responsabilidad y resguardando los principios constitucionales, sin interpretaciones antojadizas de la carta Magna que promueven la fiscal y grupos opositores y sin “leguleyadas”(argucias legales).
“Necesitamos que se resguarde nuestra democracia, porque lo que está en juego es la institucionalidad, independientemente de las personas que puedan ocupar los cargos”, dijo.
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