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Puerto Rico profundiza crisis económica con daños del huracán Fiona

San Juan, 16 oct (Prensa Latina) La crisis que atraviesa Puerto Rico desde hace cinco años, evidencia hoy una agudización con los estragos dejados por el ramalazo ocasionado en el suroeste por el huracán Fiona.

El problema se ha agravado por la incapacidad del consorcio privatizador canadiense-estadounidense LUMA Energy de responder a las necesidades del pueblo puertorriqueño, en particular en las zonas más apartadas de ciudades como Ponce (sur) o Mayagüez (oeste), que siguen sin electricidad desde el 18 de septiembre.

Porque aunque la corporación norteamericana ha sostenido que ha restablecido el 99 por ciento del servicio a los 1,5 millones de abonados que absorbió de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la realidad es que muchos alcaldes siguen reclamando atención para sus pueblos.

No se trata, en muchos casos de la falta de electricidad, sino que dada la cantidad de adultos mayores encamados, muchos requieren del servicio para su supervivencia.

A la par, hay sectores a los que debido a la falta de electricidad, quedan privados del servicio de agua potable que suple la estatal Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, justificó en la víspera los problemas durante una reunión pública con los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo establecido por Washington ante la quiebra fiscal del gobierno, que las plantas de generación de la AEE “sufrieron daños significativos”.

Pierluisi estimó preliminarmente en 10 mil millones de dólares los destrozos causados por Fiona, un huracán categoría uno, que mayormente provocó inundaciones y destrozos en carreteras, pero que por 23 días mantuvo apagada a esta isla del Caribe de 3,2 millones de habitantes, bajo la dominación colonial de Estados Unidos.

El gobernante expresó que su administración trabaja en conjunto con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para garantizar que la reconstrucción por el huracán María, que muy poco han avanzado desde que el 20 de septiembre de 2017 azotó a Puerto Rico.

A los males naturales habidos, incluido los terremotos que se sucedieron en el sur del país en diciembre de 2019 y enero de 2020, ahora se añaden problemas de generación de las plantas Aguirre y Costa Sur, y la salida de servicio de EcoEléctrica y AES Puerto Rico por falta de materia prima, en particular gas.

“A pesar de que la semana pasada había generación disponible, no es menos cierto que existen problemas adicionales, como los daños a las plantas Aguirre y Costa Sur, a la terminal de gas natural de EcoEléctrica y al sistema de inyección de carbón de AES”, explicó Pierluisi.

Esta combinación de problemas ha provocado suspicacias porque, según algunos sectores, lo que se pretende ahora es acelerar la privatización de la generación de electricidad, que controla la AEE en coordinación con las empresas privadas EcoEléctrica y AES Puerto Rico.

A pesar de las cifras multimillonarias que el gobierno de Estados Unidos ha asignado para la reconstrucción del país, la JSF tiene la intención de imponer mayores cargas al pueblo puertorriqueño para el pago por los próximos 50 años de la deuda de la AEE de nueve mil millones de dólares.

Precisamente, ese paso se dio en en la recién pasada semana en lo que respecta a la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por parte de la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la quiebra fiscal de la isla, El gobernador Pierluisi aseguró que el plan es necesario y que reduce en un 80 por ciento esa deuda, mas desaprueba la intención de la JSF de incrementar anualmente los costos de peajes, por los próximos 30 años.

Sugirió que el gobierno y la Junta Fiscal, que ha sido criticada por su derroche de millones de dólares, pueden generar ingresos de una manera más efectiva, sin la necesidad de imponer aumentos tan drásticos en los peajes.

“La lógica y el deber deben prevalecer en todo momento y por eso el gobierno y la Junta deben explorar otras alternativas”, manifestó.

En tanto, sectores diversos —desde sindicatos hasta jubilados— reclaman que se detenga la privatización de los servicios esenciales, como la electricidad, para evitar el colapso de Puerto Rico, cuya era de presunta bonanza bajo el dominio de Estados Unidos se ha esfumado.

mem/nrm

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