El influyente periodista César Hildebrandt señaló que se esperaba una denuncia sólidamente fundamentada por parte de Benavides, pero “está claro que lo perpetrado por la fiscal y sus incondicionales no es la Acusación Constitucional” prometida.
La califica como “una sucesión de decires que provienen de gente sometida a prisión y ansiosa por obtener indulgencias procesales”, referencia a los involucrados de menor nivel en posible corrupción que aceptan señalar a Castillo a cambio de inmunidad o un trato deferente de los tribunales.
Agrega que Benavides “ha ensuciado el juicio constitucional que merece el señor Castillo con una retahíla de delaciones zurcidas que en muchos casos plantean escenarios inverosímiles y contradictorios”.
“A mí no me cabe la menor duda de que la Fiscalía de la doctora Benavides actúa concertadamente con la oposición más dura”, agrega el periodista en una extensa columna del semanario “Hildebrandt en sus Trece”.
Por su parte, el exprocurador Antonio Maldonado, también crítico de Castillo, dijo que la fiscal “tomó la opción de actuar políticamente, es decir, de convertirse en un actor político más en este contexto tan difícil y tan complicado”.
“Ha convertido al Ministerio Público en un actor político más. Ha revestido de solidez jurídica argumentos que en el fondo son los siguientes: señores del Congreso acá está lo que ustedes querían, busquen la salida: si es jurídica, está bien; y si no lo es, también está bien; no importa”, expresó.
Por su parte, el abogado del presidente, Benji Espinoza, presentó ante la Corte Suprema una tutela de derechos contra la denuncia de la fiscal Benavides contra Castillo.
Explicó que el objetivo del recurso judicial es que el máximo tribunal analice si la denuncia respeta los fueros del presidente, a la luz del dictamen del juez de esa corte Carlos Chekley.
El magistrado, recordó Espinoza, precisó que el Congreso solo puede acusar al mandatario por los delitos establecidas en la constitución, es decir por traición a la Patria, por cierre ilegal del Parlamento, por no convocar elecciones y por impedir el funcionamiento del tribunal electoral.
La mayoría congresal opositora pretende vacar (destituir) o suspender al mandatario para juzgarlo por corrupción, como sugiere la fiscal Benavides en su denuncia.
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