Desde el asesinato de Shinzo Abe, el pasado 8 de julio, la también conocida como antigua Iglesia de la Unificación centra varios escándalos por su relación con el exgobernante que sirvió de presunto móvil para el autor del atentado, Tetsuya Yamagami.
El grupo religioso de origen surcoreano enfrenta acusaciones públicas de estafa, debido a que sus seguidores donan grandes sumas a la iglesia y les compran artículos espirituales a precios elevadísimos.
La indagación gubernamental, amparada en la Ley de Corporaciones Religiosas, será presidida por la ministra de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Keiko Nagaoka.
La alta funcionaria declaró en conferencia de prensa que un panel de expertos en el tema considerará los detalles del escrutinio a partir del 25 de octubre, en aras de iniciar el proceso lo antes posible.
El gobierno planea indagar sobre las operaciones y la gestión de la Iglesia a raíz de las más de mil 700 solicitudes realizadas por la población a través de un servicio de consultas telefónicas establecido en septiembre.
Este paso podría conducir a una orden judicial de disolución para la Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundiales, la cual perdería su estatus de organización religiosa exenta de impuestos.
Como parte del alboroto mediático desatado tras la muerte de Abe, los medios de comunicación especulan sobre los supuestos favores que recibe la congregación de importantes políticos japoneses a cambio de apoyo electoral.
La presión respecto al tema condicionó la reestructuración del Gabinete realizada por Kishida, quien intenta separar al gobierno de la polémica y mejorar así la disminuida aprobación popular.
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