De acuerdo con un informe del Ministerio de Seguridad (Minseg), promotor de la iniciativa suscrita por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y vigente desde el jueves último, la Ley 328 retoma otros aspectos como la certeza de certeza del castigo, la disfunción familiar, la violencia doméstica, la falta de oportunidad laboral, la educación y la desigualdad.
Según la norma, se establece que la prevención de las conductas delictivas se sustente en herramientas científicas, y en ese sentido, avala la creación de la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica, adscrita al Minseg.
La nueva entidad deberá recopilar y evaluar las estadísticas de la criminalidad, elaborar un plan nacional y asesorar en la implementación de políticas públicas para la rehabilitación integral de los privados de libertad, entre otros alcances.
El director de la secretaría será nombrado por siete años, y otra de sus funciones será coordinar con el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá la rendición de cuentas una vez al año, indica el proyecto.
De otra parte, se estbablece la creación del Consejo Nacional de Política Criminológica que será presidido por el ministro de Seguridad y lo integran siete carteras entre ellas las de Trabajo y Educación; asi como la Comisión de Gobierno y Asuntos Constituciones de la Asamblea Nacional, y organismos académicos.
Para el abogado penalista Moisés Bartlett, aunque la aparición de la ley es algo positivo, también genera inquietudes porque sus enunciados teóricos, propósitos y objetivos, hartamente conocidos y reiterados en otros tiempos, no se llevan a la práctica.
En ese sentido, Barlett explicó al diario la Estrella de Panamá que un ejemplo es la referencia al problema de la retención escolar, la falta de oportunidades para los jóvenes y la corrupción, panorama existente hace décadas sin que se establezcan programas para su atención y solución.
Al sancionar esta ley, el jefe de Estado del país istmeño insistía en que tiene el fin de sentar las bases para un abordaje más científico en la toma de decisiones relacionadas con la criminalidad.
Para el mandatario, la nueva norma es resultado de un esfuerzo interinstitucional de más de 15 años de análisis y estudio del fenómeno, pero ahora con énfasis en mayor participación comunitaria, la prevención del delito y las mejores prácticas de seguridad a nivel mundial.
La nueva legislación tiene lugar en medio de una ola de robos a bancos y joyerías en la ciudad de Panamá que ha puesto en vilo a las autoridades de seguridad y motivó incluso el reforzamiento temporal de esas instituciones con unidades policiales que debieron suspender sus vacaciones.
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