De acuerdo con la superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo, hasta el pasado 11 de octubre había información de 38 mil 468 personas jurídicas de las cerca de 291 mil activas a la misma fecha.
Según explicó la funcionaria a la prensa durante una serie de seminarios que realiza la entidad, la fase de carga de información es un proceso que se realiza por invitación del regulador.
En una primera etapa se incorporó a 40 grandes firmas de abogados, que manejan un gran número de clientes, para iniciar la carga de la información de los beneficiarios finales y el proceso de acompañamiento por parte del regulador.
Actualmente, se sigue con la etapa dos, con la participación de otras firmas de abogados, y, en última instancia, se invitará a personas naturales que ejercen como agentes residentes, y se estará trabajando de manera paralela la carga de información por parte de las firmas y de las personas naturales.
Carrizo calcula que, para el final del primer cuatrimestre del próximo año, si no hay contratiempos técnicos, la mayoría de las personas jurídicas activas deberían tener la información cargada en el sistema.
Panamá tiene aún cuatro acciones pendientes por cumplir de un total de 15 plasmadas en el plan pactado en 2019, cuando el país ingresó en la lista.
En las últimas evaluaciones se ha ido reduciendo el número de acciones pendientes, pero el GAFI no ha rebajado el tono de urgencia sobre la necesidad de completar el plan de acción, que ya tiene todos sus plazos vencidos.
Antes de una eventual salida de la lista gris, el GAFI debe avalar primero el avance en el cumplimiento del plan de acción y posteriormente hacer una visita “in situ” al país para verificar las mejoras en el régimen de prevención de blanqueo de capitales, por lo que no se espera que el país salga de la lista este año, un escenario que sería más probable para el próximo ejercicio.
El proceso de carga de la información avanza, pero con retraso, ya que la norma que estableció la creación del registro único de beneficiarios finales data de marzo de 2020 y fue posteriormente modificada en noviembre de 2021.
El país centroamericano regresó a esas listas en junio de 2019 por la falta de efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.
Entre las deficiencias señaladas sobresalen la falta de mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales y evaluar los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas. Panamá fue incluido en la lista gris del GAFI desde junio de 2019, tras salir de ella en 2014, donde fue añadida por solo cumplir con el ocho por ciento de sus recomendaciones.
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