La intención evidente de no aplicar el artículo invocado por buena parte de juristas, de que el mandatario no puede ser acusado por presunta corrupción, dividió opiniones entre parlamentarios y juristas, tanto en el fondo como en la forma.
Mientras en el Congreso de la República se busca respaldo para vacar (destituir sumariamente a Castillo, lo que haría irrelevante el tema de la inmunidad, el constitucionalista Omar Cairo auguró que el TC rechazará el pedido del presidente del parlamento, José Williams.
En lo formal, Cairo explicó que no procede legalmente añadir la consulta a una anterior demanda competencial a la Corte…para que establezca que ningún otro poder del Estado puede anular o bloquear decisiones del órgano legislativo, lo que daría más poder a la oposición mayoritaria en el Congreso.
Indicó que son dos temas distintos y el TC la debe rechazar de plano, en dos días, según estimó el expresidente de esa corte Óscar Urviola, quien estima que, de aceptarse, la decisión tardará entre dos y tres meses.
Sobre el fondo de la consulta sobre la interpretación de la inmuniad presidencial, Cairo explicó que el TC no es un órgano consultivo y resuelve demandas y resoluciones a reclamos u otras pretensiones concretas.
Por su parte, el congresista Álex Flores, del Partido Perú Libre, que mantiene una posición de apoyo crítico a Castillo, condenó el afán desesperado de la oposición mayoritaria, por retirar del cargo al jefe de Estado y calificó como ilegítima la consulta de Williams.
La legisladora Margot Palacios, del mismo partido, señaló que el pedido es ilegal porque no fue aprobado por el pleno congresional, cuestionamiento que compartieron sus compañeros Silvana Robles y Jaime Quito.
Quito señaló que Williams pretende “un blindaje absoluto del Congreso…y vulnerar el artículo 117 de la Constitución (que acota las causas por las que puede ser acusado un pesidente en funciones)”.
Según el congresista, el titular del Congreso apunta a viabilizar un golpe de Estado del Parlamento y la Fiscalía de la Nación, que denunció la semana pasada a Castillo por presunta corrupción y dio pie a la ofensiva contra el gobernante.
De otro lado, el Partido Perú Libre presentó un proyecto de ley que sanciona la persecución judicial para que no se repita la que se ha desatado contra Castillo, según afirma.
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