Las reacciones respondieron al anuncio de la Organización de Estados Americanos (OEA), de que su secretario general, Luis Almagro, pidió al Consejo de la entidad que se reúna mañana mismo para tratar la situación de Perú, ante un pedido del presidente Pedro Castillo.
El mandatario peruano pidió que se active la llamada Carta Democrática ante lo que su Gobierno considera peligro de un golpe de Estado de nuevo tipo como culminación de una serie de acciones opositoras desestabilizadoras que esta vez invocan una denuncia de la Fiscalía contra Castillo, por presunta corrupción.
La carta prevé medidas contra golpes de Estado, aunque pese a ellas la OEA no actuó contra diversas modalidades de ese tipo de asonada contra los presidentes Dillma Rousseff, de Brasil; Evo Morales, de Bolivia, y Fernando Lugo, de Paraguay.
El parlamentario derechista Diego Bazán sostuvo que el pedido de Castillo es una acción desesperada ante su situación y criticó a la OEA por intervenir en los afanes de destituirlo, porque apelan a procedimientos previstos en la constitución.
La extensa fundamentación del pedido del presidente enumera minuciosamente las acciones de la oposición extrema, que intentó impedir que Castillo asuma la presidencia con denuncias de fraude electoral no probadas, dos mociones de vacancia (destitución) y otros hechos consignados en una cronología.
La carta a la OEA, firmada por el presidente Castillo y el canciller, César Landa, quien asistirá a la reunión de mañana, plantea que está en riesgo el proceso democrático de Perú por el afán opositor de destituir a Castillo.
El exrepresentante peruano en la OEA Juan Jiménez, opositor, sostuvo que el pedido de Castillo no tendrá mayor efecto porque, según dijo, en su caso se están aplicando procedimientos constitucionales y, en última instancia, la OEA poco puede hacer para impedir la defenestración del mandatario.
Se refirió así a que la oposición parlamentaria intenta retirar a Castillo mediante la sumaria vacancia y, si esta vuelve a fracasar, con una acusación constitucional o cualquier otra herramienta tomada de la legalidad.
El analista Sinesio López señaló que la posible intervención de la OEA porque el comportamiento de la ultraderecha de Perú es abusivo en extremo, al punto que antagoniza con esa organización, históricamente afín a las tendencias conservadoras, porque la OEA no se suma a las posiciones anti-Castillo.
También consideró posible que el interés de Almagro en el caso peruano se deba a la presión de países miembros, en especial los que tienen gobiernos progresistas, por la imagen que da en el exterior el extremismo de la ultraderecha peruana.
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