La admisión de Murillo “era un dato importante que necesitábamos para el juicio civil que hemos iniciado allá, en los Estados Unidos, para recuperar los activos, el dinero”, aseguró Chávez en declaraciones a la prensa.
El representante estatal afirmó que la parte boliviana esperará a que en la siguiente audiencia impongan una condena al rostro más visible de la represión en el régimen de facto de Jeanine Áñez, con lo cual el caso se convertirá en “cosa juzgada” e inmediatamente todos esos antecedentes pasarán al expediente civil.
Dentro de ese proceso Murillo enfrentará el juicio junto a Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryant y Luis Berkman y Rodrigo Méndez, todos condenados en territorio estadounidense por conspiración para cometer delitos de soborno internacional y prácticas corruptas.
“Son más de 2,3 millones de dólares sólo en este caso burlado a los bolivianos en tiempos de pandemia-enfatizó el procurador-, esperamos que el 2023 se cierre ese proceso y recuperemos los dineros que se han llevado de manera tan delictiva”.
De acuerdo con las autoridades norteamericanas, Lichtenfeld y los hermanos Berkman pagaron a Murillo 602 mil dólares en sobornos a cambio de un contrato de cinco millones 600 mil dólares.
Ese entendimiento incluía la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa boliviano durante la represión entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Ministro de Gobierno (Interior) en el régimen de Áñez, Murillo ejerció su influencia para que el Ejecutivo desembolsara 5,7 millones de dólares a favor de la intermediaria Bravo Tactical Solutions, y esta corporación solo pagó a la corporación brasileña Cóndor 3,3 millones de la moneda estadounidense por los medios utilizados contra los manifestantes.
Las pesquisas demostraron que el daño económico al Estado fue de 2,3 millones de dólares, de los cuales 582 mil dólares fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de despacho de Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.
El exministro permaneció en una cárcel de Miami desde 2021, y en el año transcurrido surgieron evidencias de que a través de bancos estadounidenses intentó “lavór” los recursos robados.
Acorralado por las pruebas, este jueves formalizó su culpabilidad ante un tribunal del estado de Florida.
Lichtenfeld fue condenado en julio último a 26 meses de prisión, una multa de 75 mil dólares y trabajo comunitario de 300 a mil horas; y los hermanos Berkman a 28 meses cada uno y de 300 a mil horas de labor comunitaria.
Méndez, en tanto, recibió sentencia de 42 meses de encierro y de 300 a mil horas de trabajo comunitario.
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