De acuerdo con un informe oficial que reproducen las versiones digitales de informativos como La Prensa y La Estrella de Panamá, el istmo avanzó y cumple con 12 de las 15 acciones establecidas por el organismo.
En una reciente sesión evaluadora de GAFI se decidió la salida de esos listados de Nicaragua y Pakistán, añade la nota.
Tras conocerse la decisión del organismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló en un comunicado que Panamá obtuvo un alza de calificación, lo que permite avanzar en el plan de acciones.
Al respecto, el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Marta Gordón, reiteraron el compromiso que el país mantiene al más alto nivel, de cumplir con el programa y fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Según el MEF, Panamá centroamericano debe concentrarse en completar la implementación efectiva del Registro Único de Beneficiarios Finales, información solicitada para fines de supervisión o investigación.
Asimismo, el Registro Único de Beneficiarios Finales debe ser accesible a las autoridades competentes y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), precisa el mensaje.
Luego de salir de ellas en 2014, en junio de 2019, el país fue nuevamente incluido en la lista gris del GAFI y la administración del presidente Laurentino Cortizo asumió el compromiso de cumplir con el plan de acción establecido por el organismo multilateral.
En esta ocasión, GAFI lanzó una advertencia a Panamá porque, aunque ha habido avances en lo que se refiere al dispositivo contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, en particular con sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias», no ha cumplido con varias medidas para las cuales se fijó inicialmente de plazo hasta enero de 2021.
En ese sentido, se le dio un ultimátum para que de aquí a febrero de 2023 complete ese plan de acción.
En caso contrario, se evaluará la conveniencia de que los miembros del GAFI y el resto de jurisdicciones refuercen la supervisión, con lo que eso supone de restricción de las relaciones de negocio y las transacciones con Panamá.
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