Analistas como José Eugenio Stoute estiman que el Legislativo, con profundas diferencias con el Gobierno de Laurentino Cortizo, lo forzará a sesiones extraordinarias, al rechazar deliberadamente la propuesta de Presupuesto para la vigencia fiscal 2023, ascendente a 27 mil 162,9 millones de dólares.
Las contradicciones del titular de la comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, presidente a su vez del gobernante Partido Revolucionario Democrático(PRD), también muestran las fisuras en las estructuras de poder en el istmo, según Stoute.
De igual manera, y aunque el Ejecutivo no ha nombrado al jurista que debe ocupar el cargo que dejará vacante en diciembre el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSS), José Ayú, de hacerlo en los próximos días, también le corresponderá a la Asamblea, ratificar o no este nombramiento en lo que queda de este período.
Si el Gobierno designa a un nuevo magistrado después del 31 de octubre, deberá llamar a la Asamblea a sesiones extraordinarias para discutir esta ratificación.
Asimismo, por el poco tiempo que queda de esta legislatura, se podría discutir en sesiones extraordinarias el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, que tampoco ha sido remitido a la Asamblea, pero es centro de críticas de organizaciones ambientalistas por los daños desmedidos que ocasiona a la naturaleza esa empresa filial de la canadiense First Minerals.
El Legislativo también tiene en su agenda la discusión del proyecto que aprueba
reformas al contrato suscrito entre el Estado y la sociedad Panamá Canal Colón Port, Inc., (hoy Panama Colón Container Port, Inc.).
Stoute opinó en relación con el Presupuesto del Estado que se trata de una clara amenaza, ya proferida por Robinson, en el sentido de que el Ejecutivo debe satisfacer las modificaciones al presupuesto solicitadas por la Asamblea, o no aprobarán la iniciativa.
“La amenaza es innegable y vaticino que se le concederán todas sus peticiones a la Asamblea. Será una muestra más de la debilidad del actual gobierno”, indicó el estudioso al diario La Estrella de Panamá.
En cuanto a la ratificación del nuevo magistrado, sostuvo que existe una grave discrepancia entre lo que desea el Ejecutivo y lo que están dispuestos a refrendar los diputados.
Para otros analistas como Richard Morales esta fue una legislatura marcada por la incapacidad de atender los temas prioritarios del país, sobrepasada por manifestaciones populares y la mesa única de diálogo instalada en julio último entre las organizaciones sociales y el Ejecutivo, y cuya segunda fase debe comenzar el venidero 28 de octubre.
jcm/ga
