El planteamiento fue hecho por escrito por los legisladores de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú Sigrid Bazán, Ruth Luque y Edgard Reymundo, quienes votaron contra la vacancia en los dos intentos de la derecha extrema de aprobarla en el Congreso de la República.
Demandaron por escrito al mandatario algo más que declaraciones sobre las graves acusaciones del Ministerio Público y la prensa.
Los legisladores argumentaron que ante las imputaciones, indicios en su contra y denuncias de la prensa, “usted ha respondido con afirmaciones genéricas de apoyo a las investigaciones o con acusaciones de persecución judicial”.
Castillo rechazó ayer en un acto público las imputaciones que lo asedian y sostuvo que son invenciones y forman parte de la agenda de sus opositores.
El pronunciamiento de los tres parlamentarios progresistas reiteró que las fuerzas de oposición son responsables de la crisis política desde que se negaron a reconocer la elección de Castillo como presidente.
Sin embargo, expresaron que “Parte de esta crisis es también responsabilidad suya y del Gobierno que usted dirige” y demandaron “algo más que palabras”, teniendo en cuenta que hay exfuncionarios del entorno presidencial y familiares investigados, detenidos o prófugos por presunta corrupción.
“Frente a estos hechos, usted ha respondido con afirmaciones genéricas de apoyo a las investigaciones o con acusaciones de persecución judicial en su contra”, aseveraron.
Los legisladores progresistas pidieron a Castillo que evalúe la permanencia de todos sus ministros y haga los sustituciones que se requieran para “realizar los cambios que se requieren para reimpulsar el Gobierno y cumplir con las legítimas demandas de la población”.
También solicitaron el fortalecimento de la Policía, en especial del equipo que busca al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, al sobrino del presidente Fray Vásquez, y al empresario allegado al presidente Alejandro Sánchez, que están prófugos.
Un juez dictó ayer orden de prisión preventiva para Abel Cabrera, Salatiel Marrufo y Biberto Castillo, exfuncionarios cercanos a Castillo y acusados de presunta corrupción, que se sumaron a otros funcionarios apresados por el mismo motivo.
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