De acuerdo con las asociaciones Nacional de Funcionarios Administrativos de la CSS (Anfacss), la Nacional de Trabajadores Manuales (Anadetram) y la de Empleados de la CSS (Aecss), debe existir una comisión encargada de la revisión periódica de los sueldos, pero las autoridades se niegan a cumplir.
“La administración ha impuesto cortapisas y precondiciones y el paro se mantendrá hasta que se resuelvan las peticiones”, indicaron los colectivos.
Autoridades de la CSS, como su secretario general, Edwin Salamín, reiteraron su disposición al diálogo con sectores que han decretado medidas de fuerza, en aras de garantizar la atención médica.
Salamín sostuvo que en esas pláticas podrían tener como mediador a la Defensoría del Pueblo.
En tanto, Alex González, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, expresó que es necesario que se permita la recolección de desechos y limpieza de las áreas de atención de esta unidad hospitalaria, a fin de evitar una situación de emergencia sanitaria.
La CSS es una entidad que depende mayormente de las contribuciones de los trabajadores y los patronos. Sin embargo, la crisis en sus finanzas era totalmente predecible con una caída en el empleo y, por ende, en los aportes de los cotizantes.
Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo ratificó la insostenibilidad financiera de uno de sus principales subsistemas, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En el documento de 182 páginas, el organismo precisó que la reducción progresiva de los cotizantes activos y, por tanto, la caída de los ingresos por contribuciones, el agotamiento en 2024 de la reserva total del programa y el incremento acelerado de nuevas pensiones, crearán una fuerte presión en el creciente gasto del IVM.
El tema fue denunciado con anterioridad por organizaciones sociales y más reciente en una mesa única de diálogo con el Gobierno, al rechazar medidas paramétricas, a lo cual el titular de la CSS, Enrique Lau, respondió que con ese informe de la OIT tomarían nuevas decisiones.
Es así como el déficit operativo anual proyectado en términos nominales del sistema de beneficio definido del IVM crecerá progresivamente y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los siete mil 500 millones de dólares, según el estudio contratado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
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