Sobre esta decisión, ahora más formal, los colectivos habían alertado antes del peligro de dilatar las pláticas; y, peor aún, las soluciones a los acuciantes problemas que enfrenta la población ante el alto costo de la vida.
El coordinador de la alianza Pueblo Unido por la Vida, una de las protagonistas de manifestaciones de julio pasado, Jorge Guzmán, dijo a Prensa Latina que esas maniobras para boicotear las conversaciones y la negativa de los empresarios privados a asistir, podrían causar nuevas protestas callejeras.
En esta ocasión, la Arquidiócesis de Panamá precisó que aún está pendiente la aceptación de la persona u organismo que fungirá como “mediador” de esta segunda fase del diálogo.
En la última reunión de transición sostenida en la Universidad Tecnológica de Panamá a inicios de este mes, se propuso para ese rol solicitar el apoyo de Naciones Unidas, la Universidad de Panamá y la Conferencia Episcopal Panameña, pero sin resultados concretos.
“Hasta que se defina este aspecto fundamental de la aceptación del mediador para llevar adelante este proceso , se pospone la reunión programada para el 28 de octubre y se comunicará a todas las partes, la fecha y lugar de apertura de la segunda fase”, indica el comunicado.
Esta etapa debería instalarse en la ciudad de Penonomé (provincia de Coclé), donde transcurrió por más de 40 días la primera ronda de esas negociaciones.
Esta nueva fase deberá profundizar en ejes temáticos como seguridad y soberanía alimentaria; derechos humanos, ambiente y pueblos originarios; vivienda y hábitat (infraestructura pública); Educación, juventud y desarrollo social; salud y seguridad social, Laboral; así como Transporte y logística.
El empresariado privado solicitó ser incluido en este proceso, pero demandó igualdad de representación en la mesa y consideró que no cuenta con esas garantías, respuesta que para las agrupaciones populares es una justificación a la falta de voluntad por resolver la compleja situación social que enfrentan las mayorías.
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