Por ello, parece inútil el llamado público del mandatario a los partidos opositores, “a que dejemos de estar encerrándonos en cuatro paredes minando la democracia y el trabajo que se hace; desde acá debo decirles que deben acompañarnos”, afirmó.
Voceros de la derecha extrema parlamentaria rechazan cualquier concertación con Castillo. Uno de ellos, Jorge Montoya, rechazó la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y planteó continuar los intentos de vacar (destituir) o suspender al mandatario por acusaciones de corrupción.
Esas fuerzas y sus aliados de centro mantienen irreductiblemente esa posición y barajan polémicas maneras de destituir al presidente forzando la inmunidad presidencial que limita solo a delitos políticos la posibilidad de acusar y juzgar a un mandatario.
Una de esas opciones fue intentada por el presidente del Congreso, José Williams, quien pidió al Tribunal Constitucional que interprete el artículo constitucional que pone a los jefes de Estado a salvo de juicios por delitos comunes, pero la corte se negó argumentando que no tiene facultades consultivas.
Los opositores intentan desde hace dos semanas recoger las firmas de dos tercios de los integrantes del Congreso para una moción de vacancia presidencial, la que no tendría éxito, como ocurrió en dos intentos fracasados con anterioridad, aun antes de que pesaran graves acusaciones contra Castillo.
En un foro al que invitaron a expositores afines, como el excanciller del gobierno de Alberto Fujimori, Francisco Tudela, los detractores de Castillo recibieron de los disertantes las seguridades de que la OEA no puede impedir la destitución del presidente ni imponer medidas de distensión y solo puede puede hacer recomendaciones.
Los partidos de esa línea siguen adelante en pos de un objetivo que se fijaron antes de que Castillo asumiera la presidencia, en julio de 2021, lo que intentaron impedir con acusaciones de fraude que, sin pruebas, fueron rechazadas por el tribunal electoral y por observadores internacionales de los comicios.
La campaña opositora cuenta con gran apoyo de la gran mayoría de los diarios y televisoras, que alientan el retiro de Castillo y denuncian presuntos casos de nepotismo a los legisladores contrarios a la vacancia e instalan la idea que quienes tienen esta posición se mueven por intereses subalternos.
La hoja de ruta de la oposición, que el Gobierno y la izquierda califican de golpista, prevé además dar de baja a la vicepresidenta, Dina Boluarte, por infracciones administrativas menores, de tal manera que la sucesión presidencial recaiga en el titular del Congreso, un general retirado y acusado de violaciones de derechos humanos en su época de oficial.
En cuanto a la OEA, el embajador de Perú ante su Consejo, Harold Forsyth, un veterano diplomático en retiro, moderó el eventual optimismo del lado oficial, al advertir que no se puede decir que la misión sea un triunfo del Gobierno, “pues no sabemos los resultados” que tendrá.
A ello habría que agregar el escepticismo de conocidos analistas que advierten que el apoyo del Consejo de la OEA al gobierno de Castillo, simultáneo a la decisión de enviar una misión de buenos oficios, puede cambiar radicalmente y convertirse en instrumento para la destitución del mandatario, habida cuenta de los antecedentes del secretario general de la mencionada organización, Luis Almagro.
lam/mrs
