“Los testimonios e información colectada de manera directa de las víctimas de grupos de choque señalan que intentan imponer el paro y bloqueos por la fuerza y confirman que se practica una dictadura cívica contra el pueblo que quiere seguir trabajando”, aseguró Édgar Salazar, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).
En igual sentido se pronunció la organización Pro Derechos Humanos Bolivia al advertir la “falta de vocación democrática” por parte del Comité Interinstitucional cruceño, encabezado por Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Indicaron estos activistas que ese comité se niega a instaurar un diálogo y busca imponer mediante el abuso de poder, el terror y la fuerza las resoluciones de uno de los cabildos realizados en la urbe cruceña.
Al hacer un recuento, en declaraciones al canal Bolivia Tv, recordaron que los grupos paramilitares al servicio de Camacho y Calvo asesinaron a garrotazos a una persona en Puerto Quijarro y atacaron a un periodista del canal privado Gigavisión.
Igualmente, se informó, incurrieron en insultos racistas y de odio contra un grupo de pasajeros que retornaban a La Paz desde Montero, agredieron físicamente a una comunidad en Pichincha, sobre la carretera Tarija–Santa Cruz–Puente Parapetí y, de manera verbal, a un grupo de mujeres en la Santos Dumont, a quienes calificaron de “prostitutas de Evo”.
Las dos organizaciones civiles de derechos humanos coinciden en el criterio de que el gobernador y el presidente cívico despliegan una estrategia de odio y racismo, la cual incluye ataques físicos contra quienes adversan el paro por tiempo indefinido.
Este fin de semana Camacho amenazó a los que no se sumen en su movimiento radical con la “muerte civil”, lo cual según Salazar viola todo derecho y garantías constitucionales.
Un criterio similar vertió en su homilía dominical el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, aliado de Camacho en 2019 durante las revueltas que provocaron la renuncia del exmandatario constitucional Evo Morales.
Leigue criticó desde el púlpito a las “dos personas” que actúan en perjuicio de varios millones de ciudadanos, no solamente de Santa Cruz, en alusión directa a Camacho y Calvo.
La Apdhb y Pro derechos Humanos exigieron al Gobierno que proteja a las poblaciones vulnerables de los ataques de los grupos paramilitares movilizados por el Comité Cívico para imponer bloqueos, e instaurar procesos que concluyan con sanciones penales.
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