En un comunicado, el Ejecutivo agradeció los esfuerzos de la institución religiosa que fungió como facilitadora en la primera etapa de esas pláticas instaladas el 21 de julio en la provincia de Coclé.
También ratificó su disposición de mantenerse en esas conversaciones con organizaciones sociales y apostó por hacer viable la transición hacia la segunda fase del diálogo con la inclusión de los representantes de otros sectores, sin mencionar que se trata del empresaria privado.
«Nuestra administración sigue ejecutando los acuerdos logrados en la Mesa del Diálogo por Panamá y continúa participando de las mesas de trabajo de la primera fase», indicó la nota.
Por su parte, la Alianza Pueblo Unido por la Vida expresó su rechazo ante la suspensión de la reunión de transición que estaba programada para el pasado viernes 28 de octubre.
A juicio del secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines a la Caja del Seguro Social, Fernando Castañeda, es cuestionable que se utilice como excusa al mediador, toda vez que se acordó continuar facilitando los encuentros hasta que apareciera esa figura.
El pasado 26 de octubre, cuando de manera oficial la Arquidiócesis de Panamá anunció que se pospondría el inicio de la segunda fase del diálogo, los colectivos alertaron del peligro de dilatar las negociaciones; y aún peor, las soluciones a los acuciantes problemas que enfrenta la población ante el alto costo de la vida.
El coordinador de la alianza Pueblo Unido por la Vida, una de las protagonistas de manifestaciones de julio pasado, Jorge Guzmán, dijo que esas maniobras para boicotear las conversaciones y la negativa de los empresarios privados a asistir, podrían causar protestas callejeras, similares a las de julio último.
Entre las propuestas del mediador trascendió que se solicitaría el apoyo de Naciones Unidas, la Universidad de Panamá o la Conferencia Episcopal Panameña, pero aún sin resultados concretos.
Esta nueva fase deberá profundizar en ejes temáticos como seguridad y soberanía alimentaria; derechos humanos, ambiente y pueblos originarios; vivienda y hábitat (infraestructura pública); educación, juventud y desarrollo social; salud y seguridad social; así como transporte y logística.
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