Así lo anunció el exmandatario de Nigeria Olusegun Obasanjo, Alto Representante del presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), luego de las conversaciones entre las dos partes en Sudáfrica, iniciadas el 25 de octubre pasado y que concluyeron esta jornada.
El diálogo público convocado por la UA, el primero desde que estalló el conflicto en noviembre de 2020, tuvo lugar en el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación sudafricano con el objetivo de restablecer el orden constitucional y la paz en la zona del enfrentamiento.
Luego del ataque de las fuerzas tigriñas al Comando Norte del ejército federal, el primer ministro Abiy Ahmed ordenó una ofensiva militar el 4 de noviembre de 2020 para reducirlas y establecer el orden constitucional en el estado de Tigray.
Después de un armisticio declarado de manera unilateral por las autoridades federales, a mediados de 2021 el Frente extendió su beligerancia a los estados regionales vecinos de Afar y Amhara.
Acusado de masacrar civiles, perpetrar sabotajes y destruir propiedades, entre otros delitos, el TPLF fue inhabilitado para participar en las pasadas elecciones generales y el parlamento lo catalogó como grupo terrorista.
El gobierno estableció otra tregua en marzo pasado, pero acusa al grupo insurgente de ignorarla y preparar nuevos ataques, además de obstruir la asistencia humanitaria en el norte del país, hundido en una crisis humanitaria.
Investigadores de universidades y la oficina de estadística de la región de Amhara revelaron en mayo pasado que el Frente asesinó a seis mil 986 civiles y balearon aproximadamente a otras tres mil de junio a diciembre de 2021, de acuerdo con videos recopilados, archivos de audio y fotografías que documentan la presunta perpetración de los delitos.
Agregaron que “271 ciudadanos murieron de hambre” debido a la hostilidad del TPLF y no hay referencias incuestionables acerca del paradero actual de siete mil 506 personas, presuntas víctimas de secuestros.
La investigación, encargada por el gobierno de esa jurisdicción, estuvo basaba en observaciones de campo, entrevistas a testigos de los acontecimientos en el territorio y testimonios de los familiares de las víctimas, pero fue rechazada por la dirigencia de Tigray.
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