Después de 10 días de diálogo, el gobierno y el TPLF (siglas en inglés) firmaron un pacto, con 12 artículos, que debe marcar el camino hacia el desenlace de una conflagración iniciada hace dos años.
Las palabras de esperanzas por el arreglo, y el comunicado conjunto, atiborran las redes sociales y foros de medios de comunicación en amárico, inglés, tigriña y cada uno de los idiomas que la nación se hablan.
“Acordamos silenciar permanentemente las armas y poner fin a los dos años de conflicto en el norte de Etiopía”, el segundo párrafo del texto, está entre los más citados por etíopes residentes en el país e integrantes de la diáspora.
La declaración, además, destaca que el enfrentamiento “ha provocado un grado trágico de pérdida de vidas y medios de subsistencia y es de interés para el pueblo etíope dejar atrás este capítulo del conflicto y vivir en paz y armonía”.
Es fundamental que reafirmemos nuestro compromiso de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de la nación y de defender la Constitución…, señala, y subraya que el país “tiene solo una fuerza de defensa nacional”.
También, apunta, acordamos un programa detallado de desarme, desmovilización y reintegración para combatientes del Frente.
Rubricado en Pretoria, el documento asegura que el gobierno mejorará su colaboración con las agencias internacionales para agilizar la ayuda humanitaria e implementará medidas con el propósito de “garantizar la rendición de cuentas, la verdad, la reconciliación y la sanación”.
Para comenzar a implementar estos compromisos sin demora, hemos acordado detener todas las formas de conflictos y propaganda hostil, indica, aunque no revela la fecha exacta del inicio de la consumación del acuerdo de paz.
Instamos a los etíopes en el país y el extranjero a apoyar este Acuerdo, detener las voces de división y odio, y movilizar recursos para la recuperación económica y rehabilitación de los lazos sociales, añade.
La noche del 3 de noviembre de 2020, el TPLF asaltó el Comando Norte y el primer ministro Abiy Ahmed ordenó iniciar la mañana siguiente una operación militar para restablecer el orden en la región.
Desde entonces, el gobierno sostiene una guerra contra el grupo, acusado de violar los derechos humanos, entre otros delitos, y declarado terrorista por el Parlamento.
Hasta este acuerdo, logrado bajo auspicio de la Unión Africana, las autoridades federales acusaron al TPLF de obstaculizar los esfuerzos gubernamentales para finalizar la contienda de manera pacífica y responder a la consiguiente crisis humanitaria.
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