El citado delito es uno de los pocos por los cuales, según la Constitución, puede ser acusado y juzgado un jefe de Estado y el procedimiento empezará en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con la presentación del informe que sustentará el congresista de oposición radical Diego Bazán.
El polémico informe fue elaborado por el legislador Wilson Soto, pero este fue retirado de la Subcomisión y reemplazado por Bazán, precisó la presidenta de este grupo congresal, Lady Camones.
El texto recoge la acusación presentada en febrero pasado por un grupo de políticos y abogados con el fin de retirar de la Presidencia a Castillo -quien denuncia un golpe de Estado en marcha-, ante el fracaso, dos veces, de la vacancia por “incapacidad moral”, cuyo tercer intento parece no contar otra vez con el apoyo necesario.
La acusación se basa en declaraciones de Pedro Castillo en una entrevista periodística en la cual dijo que no podría ceder una salida al mar a Bolivia sin consultar al pueblo, lo cual, para los denunciantes y opositores de Castillo, implica la intención de ceder territorio y constituye traición a la patria.
Sin embargo, Castillo precisó entonces que de ninguna manera entregará territorios a Bolivia y destacados juristas señalan que solo se comete el delito imputado con acciones y decisiones, no con declaraciones públicas carentes de valor jurídico.
Lady Camones señaló que la primera etapa del procedimiento, en la subcomisión que preside, tomará tres semanas, tras lo cual, de aprobarse el informe, pasará a la Comisión Permanente y al pleno, que decidirá si entrega al presidente al Ministerio Público para su juzgamiento por la Corte Suprema.
Según el experto en temas parlamentarios César Delgado-Guembes, el proceso, hasta llegar al máximo tribunal, puede durar tres meses, si se hace con celeridad, y sin esta puede tardar dos o tres años.
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