La acusación será sustentada por el congresista Diego Bazán, radical opositor, en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en un contexto de marcada polarización política.
Según la denuncia, Castillo cometió el delito de traición, uno de los pocos por los que puede ser juzgado un jefe de Estado en funciones, al declarar a la prensa sobre la posibilidad de ceder a Bolivia una salida al mar, aunque después descartó tajantemente la cesión.
El supuesto delito fue denunciado en febrero de este año por un grupo de políticos y abogados detractores constantes de Castillo, como una segunda opción ante al hasta ahora fracasado recursos de la vacancia constitucional por inacapcidad moral, que no reúne los votos para su aprobación por mayoría calificada de dos tercios.
Defensores de Castillo y juristas ajenos y contrarios al presidente sostienen que la denuncia es forzada y carente de fundamento constitucional, entre otras cosas porque, alegan, la traición a la patria se comete con hechos o decisiones, no solo con palabras.
Al parecer, la intención de la mayoría parlamentaria opositora es llevar adelante el delicado proceso a marcha forzada, pues la presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, declaró que puede terminar en cuestión de semanas.
Según el experto en temas parlamentarios César Delgado-Guembes, el proceso, que requiere de la aprobación de la denuncua en la subcomisión, la Comisión Permanente y el pleno del Cobgreso, puede durar tres meses, con celeridad, y el eventual juzgamiento de Castillo entre dos y tres años.
Peró la denuncia incluye infracciones a tres artículos de la Constitución, lo cual permite que el Congreso, además de poner a Castillo en manos de la Corte Suprema, lo suspenda en sus funciones, según los acusadores, por cinco años, con lo cual no podría regresar a la presdencia, pues su mandato culmina en 2026.
El procedimiento enfrenta otros problemas, como la denuncia del abogado Guillermo Olivera, quien señaló que 13 de los 25 miembros de la subcomisión que inicialmente decidirá la suerte de Castillo, están descalificados para hacerlo porque han adelantado opinión, al firmar una moción de vacancia en la que sostienen a priori que el gobernante cometió traición a la patria.
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