El breve debate se inició con la fundamentación de la denuncia a cargo del congresista Diego Bazán, que sorprendió por su brevedad, lo cual fue criticado por legisladores progresistas que además opinaron que el alegato carecía de consistencia jurídica y legal.
Bazán citó fragmentos de una entrevista periodística en la que Castillo se refirió a la posibilidad de una consulta sobre la eventual cesión de una salida al mar para Bolivia y refirió las infracciones constitucionales en las que, según sostuvo, incurrió el mandatario que posteriorente descartó esa posibilidad al vecino país.
El también opositor de extrema derecha Hernando Guerra-García alegó que los comentarios del presidente constituyen un acto jurídico porque él conduce la política exterior y los hizo en una entrevista en una cadena internacional.
El congresista de izquierda Waldemar Cerrón señaló que el mandatario solo hizo una declaración, sobre una posible consulta o referendo (constitucionalmente inviable) sobre la hipotética cesión a Bolivia pero no la convocó, es decir que no cometió delito alguno.
La intención de aprobar raudamente y sin atender argumentos en contra, dio lugar a denuncias progresistas de que la oposición tiene decidido aprobar a marcha forzada el informe para pasar a las siguientes fases, acusar al mandatario para que la Cote Suprema y suspenderlo por cinco años para que deje el gobierno.
Otra señal de apuro fue el anuncio de cambios de representantes de dos bancadas, lo que dio lugar a que la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por cuestiones de procedimiento, suspenda la reunión hasta mañana o el miércoles.
Antes de la reunión, el abogado Benji Espinoza, defensor del presidente Castillo, declaró que Camones debe inhibirse de actuar en el caso de Castillo porque en una reciente grabaciòn difundida por la prensa adelanta su posición a favor de dictaminar contra Castillo, lo cual la descalifica legalmente.
Espinoza calificó la imputación de traición como “un mamarracho” inconsistente y jurídicamente deficiente por lo que debería descartarse pues, si se prueba, quedará confirmado que “hay una persecución y una guerra jurídica declarada” contra Castillo.
“Querer convertir una opinión en una entrevista, sobre un referéndum que no se dio, sobre una salida al mar para Bolivia en traicion a la patria es un mamarracho jurídico parte del plan de los golpistas”, comentó a su vez el congresista Guillermo Bermejo.
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