Los manifestantes se situaron en el centro histórico de la ciudad ocho horas antes de la hora fijada para el inicio de la marcha denominqda La toma de Lima, convocada por la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), un frente de organizaciones políticas progresistas.
Los marchistas llevan banderas multicolores indígenas y carteles que llaman al cierre del Congreso de la República, por considerarlo desestabilizador de la democracia por sus intentos de destituir al presidente Pedro Castillo con acusaciones de corrupción.
En forma pacífica, bloquearon parcialmente la avenida Abancay, en la que se ubica el palacio legislativo, y la Policía acudió presurosa y uso la persuasión para que los manifestantes acepten ubicarse a dos cuadras del Parlamento y ocupar solo un carril de la avenida.
El jefe de la Policía de Lima, general Manuel Lozada, encabezó la operación y el despliegue de barreras de seguridad y reconoció que fue una sorpresa el temprano inicio de la protesta.
Parlamentarios de extrema derecha, como Jorge Montoya y Martha Moyano -vicepresidenta del Congreso-, llegaron al palacio legislativo, según el primero a una reunión de su pequeña bancada y la segunda a hacer acto de presencia en la sede y ambos criticaron lo que calificaron como falta de previsión policial.
La movilización se realiza en un contexto de prolongada crisis política, que anoche registró el rechazo del presidente del Congreso, José Williams, a un pedido del primer ministro, Aníbal Torres, de presentar en la sesión plenaria de hoy la solicitud de tratamiento inmediato de un proyecto de ley, atado a una cuestión de confianza.
El proyecto, presentado hace siete meses, ha sido ignorado por el órgano legislativo unicameral y plantea derogar otra legislación aprobada por la mayoría opositora, que reduce las opciones del Ejecutivo solicitar la confianza del parlamento.
La norma vigente fue precisamente invocada por Williams, en el sentido que no se puede pedir la confianza -cuya negación dos veces faculta al Gobierno a disolver al Parlamento- sobre facultades exclusivas parlamentqrias.
El pedido de Torres apunta al equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, teniendo en cuenta que este último mantiene intocada su facultad de vacar (destituir) al presidente sin más requisito que estimar que ha incurrido en “permanente incapacidad moral”, sin precisar en qué consiste esta.
El primer ministro respondió que la respuesta carece de sustento jurídico y que ello evidencia que el país está sometido a una “dictadura de la ignorancia.
mgt/mrs
