Entretanto, el jefe de Estado se refirió tácitamente a la imputación al señalar en una visita a la región amazónica que “El Perú no debe parar por una falsa denuncia ni otras distracciones”, por lo cual, añadió, él continúa normalmente sus actividades.
La presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, evaluó los posibles resultados numéricos, tras aprobar ese grupo la acusación originalmente planteada por un grupo de políticos y abogados de derecha que alegan declaraciones de prensa de Castillo sobre una hipotética concesión de una salida de Bolivia al mar por territorio peruano.
Camones dijo que es virtualmente seguro que la segunda instancia, la Comisión Permanente del Parlamento, apruebe el informe de la subcomisión y el asunto pase a la decisión del pleno, en el que la decisión final será tomada sin participación de los 32 miembros de la citada comisión, es decir por los 98 legisladores restantes.
Añadió que será es complicado lograr los dos tercios de votos del pleno (66 votos) para la sanción política de inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos al mandatario por cinco años y es más factible obtener la mitad más uno de los votos para entregar al mandatario a la Corte Suprema para su juzgamiento.
De lograr la oposición ese objetivo, Castillo será retirado del cargo mientras sea juzgado y lo sucederá la vicepresidenta, Dina Boluarte, a quien l mayoría congresal proyecta inhabilitar también, por una infracción administrativa menor, con lo cual se hará cargo de la presidencia el derechista titular del Congreso, José Williams.
El jurista opositor Aníbal Quiroga, sin embargo, advirtió que la decisión de que el mandatario sea juzgado carecería de legitimidad, porque el jefe del Estado, con sus declaraciones, que pueden haber sido imprudentes y carentes del conocimiento del tema, no ha cometido delito de traición a la Patria.
El letrado explicó que el Código Penal atribuye ese delito a quien “practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma”, lo cual no se ha dado en este caso.
Añadió que, por ello, de ser acusado Castillo en la suprema corte, será muy fácil que esta desestime la imputación tras un recurso de tutela de derechos.
“No se puede acusar a nadie por algo que no es delito. Uno no puede ser perseguido solo por aquello que la ley señala de manera inequívoca como una figura delictiva”, añadió, aunque consideró posible que se imponga la fuerza de los votos.
En tal caso, añadió Quiroga, la decisión carecería de legitimidad, podría ser respondida con decisiones igualmente ilegítimas “y entraríamos en una vorágine muy complicada”, y señaló que en política los errores terminan favoreciendo al enemigo.
Los argumentos del jurista fueron parte de los esgrimidos por las bancadas parlamentarias progresistas contra la imputación a Castillo en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pese a lo cual la oposición la aprobó apenas con 11 votos contra diez.
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