Al conocer la aceptación este domingo de una acusación con alerta de arraigo migratorio presentada por la Confederación Obrera de El Alto, Michel consideró que esa medida se tomó con retraso.
“En rigor y concretamente aplicando lo que dice la norma, sobre la responsabilidad y la competencia del Ministerio Público, debieron ya activar, de oficio inmediatamente, el inicio de una investigación con la perspectiva de un proceso penal contra los señores Camacho y Calvo”, sostuvo.
Consideró que existen antecedentes flagrantes, confesos, de la comisión de delitos de estos dos personajes, que ahora han iniciado un ciclo no solamente violento, sino delictivo.
Indicó que Camacho y Calvo presiden y encabezan una organización criminal, y en tal sentido es obligación del Ministerio Público no solo admitir las nuevas denuncias, sino dar continuidad al caso concreto del proceso denominado Golpe de estado I, referido a hechos ocurridos tras las revueltas que concluyeron en noviembre de 2019 con la renuncia del expresidente Evo Morales.
“Sobre este expediente -comentó-, Camacho no ha declarado desde hace 17 meses, hemos emplazado una denuncia por la misma comisión de delitos, privación al trabajo, actos violentos, ya desde el paro e intentos de golpe fracasado en noviembre y diciembre del año pasado, y hasta ahora el señor Calvo tampoco ha sido convocado”.
Informó que el fiscal departamental paceño, (William) Alave, se comprometió hace tres semanas a convocar a Calvo y no lo ha hecho.
Añadió que lo más lamentable es que esas condiciones de impunidad prosperaron y consolidaron actos criminales delictivos mucho más fuertes, que ahora cobraron la vida de cuatro personas en Santa Cruz y propiciaron los asaltos y quemas.
Acotó que, en estas condiciones, todas las denuncias y procesos que se interpongan en contra de Camacho, Calvo y otros tienen que ser admitidos, y ellos tienen que ser procesados.
Ratificó que este lunes el Comité Impulsor de Justicia al cual él representa emplazará un proceso ante la Fiscalía del Estado Plurinacional, en Sucre.
Explicó que el aparato represivo estructurado por Camacho y Calvo puso de manifiesto, públicamente, hechos penales como la privación del derecho trabajo, la instigación a delinquir, la conformación de grupos irregulares armados, robo, víctimas múltiples leves y graves, daños económicos, afectación a la propiedad pública y del Estado.
“Solo estos tipos penales son suficientes para que sean emplazados inmediatamente a declarar y cautelados”, concluyó el abogado Michel.
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