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Asesinato de dos manifestantes sigue impune tras dos años en Perú

Lima, 13 nov (Prensa Latina) La muerte de dos jóvenes manifestantes peruanos en la represión a una gran protesta contra el fugaz gobernante Manuel Merino, cumplió hoy dos años sin que los responsables y autores hayan sido sancionados o juzgados.

Miles de manifestantes, sobre todo jóvenes, demandaron por ello justicia este fin de semana en una marcha por el centro de Lima, con escasa repercusión mediática interna.

Los manifestantes condenaron la exculpación explícita que el Parlamento bajo control de la oposición derechista, otorgó a Merino y a quienes fueron su primer ministro, Ántero Flores-Aráoz, y su titular del Interior, Gastón Rodríguez.

La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó definitivamente en junio último el pedido de la Fiscalía de que el Parlamento ponga a los exgobernantes a disposición de la justicia, luz verde necesaria para su juzgamiento, debido a que los hechos se registraron cuando ocupaban cargos en el Gobierno.

La decisión recogió la versión policial de los hechos, que carga las culpas en los manifestantes, sobre la de la Fiscalía e ignoró los peritajes, testimonios y otros elementos presentados, según señalan los familiares de las víctimas.

Además, Merino fue uno de los extitulares del Parlamento -cargo desde el que saltó a la presidencia el 9 de noviembre de 2020 por la destitución del mandatario Martín Vizcarra- homenajeados por la mesa directiva del Congreso, lo que motivó diversas y duras críticas.

La impunidad en el terreno judicial se expresa en el escaso interés en el tema y en la decisión de una corte superior, de bloquear la investigación preparatoria -que requiere mayor tiempo y más apoyo a la Fiscalía- con el argumento de que el caso carece de repercusión nacional e internacional, pese a la resonancia de las muertes.

La represión de los días 13 y 14 de noviembre de 2020 dejó además un saldo de decenas de jóvenes heridos, entre ellos varios que sufren las secuelas de las heridas sufridas y exigen atención del Estado para su tratamiento y rehabilitación.

Pacha Sotelo, hermano de Inti uno de los jóvenes muertos-, señaló que, además de las muertes, los familiares sufren el acoso de elementos derechistas que en redes de Internet califican a los caídos como terroristas, delincuentes y hasta drogadictos que supuestamente merecieron su trágico final.

jha/mrs

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