“A partir de las 15.00 (hora local) se va a hacer un acto recordatorio, en memoria a nuestros héroes quienes han dado la vida en defensa de la democracia”, afirmó la representante de las víctimas, María Javier, en referencia a los 11 muertos y cientos de heridos baleados.
Informó en entrevista al canal ATB que se tributará un reconocimiento a quienes sufrieron heridas y viven con secuelas, y, sobre todo, se reiterará la exigencia de justicia.
Javier criticó que un trienio después de aquel crimen las víctimas todavía claman porque se enjuicie en un proceso ordinario a los culpables.
“Tenemos derecho a recibir justicia y se sancione a los autores materiales e intelectuales como manda la Constitución (…), pedimos celeridad y que el proceso pueda avanzar, que se instale el juicio”, reafirmó.
En este expediente radicado en el Juzgado de Sacaba, en Cochabamba, se investiga a 16 personas, de las cuales 15 están con medidas sustitutivas y solo una guarda detención preventiva.
La representante reiteró la exigencia al Órgano Judicial de dar celeridad a este caso e iniciar el juicio oral para que se condene a todos los autores intelectuales y materiales del suceso que enlutó a las familias de Cochabamba.
El 14 de noviembre de 2019, la presidente de facto Jeanine Áñez y su gabinete rubricaron el Decreto Supremo 4078 -conocido como “de la muerte”- que eximía a militares y policías de responsabilidad penal por cualquier daño infligido en la represión de quienes protestaban contra la ruptura del orden constitucional.
Aquel 15 de noviembre, cocaleros y miembros de otros sectores sociales intentaron entrar en una masiva marcha a la ciudad de Cochabamba con la exigencia del restablecimiento de la democracia.
Una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desplazados hasta Bolivia determinó que en ese operativo conjunto de militares y policías se masacró a manifestantes desarmados.
Los expertos confirmaron que a tenor de la ley de la muerte se realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas.
En la masacre conocida como de Sacaba, según las cifras documentadas, perecieron al menos 11 personas, todos indígenas, y otros 120 resultaron heridos.
Arturo Murillo, exministro de Gobierno hoy encarcelado por corrupción en Estados Unidos, declaró entonces a la prensa que quienes presentaban impactos de la bala en la parte posterior del cuerpo fueron víctimas de los propios manifestantes, lo cual fue desmentido por el GIEI.
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