El grupo parlamentario se negó a aprobar la norma propuesta por la legisladora progresista Ruth Luque que planteaba que no sea considerado delito “el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada cuando el embarazo sea producto de una violación sexual”.
La decisión dejó vigente el artículo del Código Penal que establece una condena de hasta tres meses de prisión “cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial fuera de matrimonio” que hubiera sido denunciada o investigada al menos por la Policía.
El proyecto pedía también que el Estado garantice la educación sexual integral en las escuelas “sin discriminación, con especial énfasis en la prevención de la violencia de género contra las mujeres y del embarazo infantil y adolescente”.
El congresista de derecha extrema Alejandro Muñante celebró el fracaso del proyecto y sostuvo que “detrás de la despenalización del aborto, está su legalización sin ninguna causal, no lo permitiremos”.
La determinación parlamentaria dio pie a duras críticas en las redes de Internet, espacio en la que un ciudadano comentó que “Gente con mente estrecha, incapaz de mirar más allá de su pensamiento, lleno de ignorancia y oscurantismo, no deben legislar”.
El rechazo de la despenalización del aborto por violación se inscribe en el contexto de las presiones de una corriente conservadora que compartida por la mayoría parlamentaria y esta semana incluyó un proyecto de ley que plantea prohibir la enseñanza del lenguaje inclusivo de género.
Esa corriente propugna además prohibir el enfoque de género, la educación sexual en las escuelas y el suministro gratuito de la píldora del día siguiente (anticonceptivo poscoital) a las adolescentes, pese que la estadística oficial que consigna un número creciente de embarazo de ese sector etario.
La exministra de la Mujer, Diana Miloslavic, precisó que cada semana 28 niñas y adolescentes tienen un parto forzado por violación sexual.
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