El siguiente paso del procedimiento usado por la oposición para lograr la meta de deponer al mandatario, originalmente fijado para hoy, fue postergado hasta una nueva fecha por definir, por el titular opositor del Legislativo, José Williams.
Castillo pidió el aplazamiento por tener pendiente una audiencia en la Corte Suprema sobre un recurso que presentó para que esta dictamine si puede ser investigado por supuesta corrupción o no pese a un artículo de la Constitución que lo impide.
En la pendiente etapa del procedimiento parlamentario, la Comisión Permanente del Parlamento debatirá y decidirá si el jefe de Estado es por una parte puesto a disposición de la Corte Suprema para que lo juzgue por traición a la patria y por otra si ha cometido infracción constitucional.
En el primer caso, los impulsores del proceso tendrían que contar con dos tercios de los votos del pleno después que la Comisión Permanente apruebe el informe, y en el segundo caso, la mitad más uno para suspenderlo por cinco años.
La denuncia se basa en que Castillo declaró en una entrevista de prensa sobre la eventual cesión de una salida al mar, que tendría que consultar al pueblo, lo cual es inviable y su defensa señala que en esas declaraciones manifestó que no va a ceder territorios al país vecino.
Lo endeble de la acusación aprobada inicialmente por apenas un voto de diferencia por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuyo informe será tratado por la Comisión Permanente, se evidenció ayer al no resistir los cuestionamientos de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).
Los parlamentarios derechistas José Cueto y Eduardo Muñante reconocieron la deficiente actuación del procurador del Congreso que defendió el informe, Yuri Garcia.
Cueto sostuvo que es el procurador es designado por el Gobierno y Muñante alegó que los jueces habrían “adelantado opinión” al exigirle a García que precise las acciones de Castillo, no dichos, que califican como traición a la patria, sin que el letrado responda.
La legisladora progresista Ruth Luque apuntó que el problema no es solo el acusador sino el fondo del problema, la carencia de sustento de la imputación aprobada por imposición de una precaria mayoría en la subcomisión mencionada.
Ante el temprano revés sufrido por los promotores de la acusación, congresistas de oposición barajan otras opciones, como la suspensión temporal de Castillo por la denuncia formulada ante el Parlamento por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, o porque en la entrevista no cumplió supuestamente el mandato constitucional de “defender a la patria”.
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