En el caso denominado Golpe de Estado I, la exgobernante encumbrada tras el 10 de noviembre de 2019 debe responder a acusaciones de delitos de terrorismo y conspiración.
También el proceso busca ofrecer justicia y reparación a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, donde perdieron la vida 38 bolivianos que reclamaban el retorno del exdignatario Evo Morales y el respeto a la democracia e institucionalidad del país.
“Persisten los riesgos procesales de fuga y obstaculización, corresponde mantener esta medida extrema”, explicó Jorge Nina, abogado de la denunciante y la exdiputada Lidia Patty al concluir la víspera la audiencia en la que Áñez pedía el cese de su detención preventiva en este proceso.
Incluidos en este expediente como imputados también aparecen los exministros de Justicia Álvaro Coímbra y de Energías Rodrigo Guzmán.
Presentada la denuncia de Patty, la también exsenadora fue aprehendida en marzo de 2021 en Trinidad y enviada a la cárcel y su proceso se abrió por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Áñez permanece en la cárcel de Miraflores, en la ciudad de La Paz, y con condena de 10 años por el denominado Golpe de Estado II, que tiene que ver con la forma cómo se hizo de la presidencia del Senado, en sesión sin quórum y sin ser parte de la mayoría, para luego hacerse del poder.
Según un reporte del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), tras el derrocamiento del presidente Morales se vulneró el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad de las personas.
Así mismo, fueron quebrantadas las garantías judiciales, de debido proceso, honra, dignidad, privacidad, libertad de expresión y asociación; derecho de reunión, de toda mujer a una vida libre de violencia y con acceso a la salud.
La discriminación de que fueron objeto los indígenas, los ataques contra la propiedad y la negación del derecho al trabajo son otros crímenes señalados en el informe del GIEI.
El 12 de noviembre de 2019 Áñez firmó el Decreto Supremo 4078, el cual exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares por la violencia aplicada en la represión contra quienes protestaban contra el golpe de Estado.
Tres días después, decenas de personas murieron y alrededor de 120 resultaron heridas en Sacaba, Cochabamba, donde el GIEI estableció que ocurrieron ejecuciones sumarias.
Añade la pesquisa que el 19 de noviembre ocurrió la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, en la cual perecieron al menos 11 indígenas y 78 fueron heridos.
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