Esa compañía es propiedad de la familia del expresidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014), uno de los 36 acusados en el proceso por blanqueo de capitales en el caso de Odebrecht, al igual que el exgobernante Juan Carlos Varela ( 2014-2019).
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), las cuentas de Ricamar fueron utilizadas para recibir fondos de la Caja 2 de la constructora brasileña, que procedían de actividades relacionadas con soborno internacional, corrupción y peculado.
Esos dineros, precisó la fiscal superior Ruth Morcillo, llegaron a Ricamar a través de la sociedad Caribbean Holding, que controla Aaron Mizrachi, cuñado de Martinelli.
Los pagos que entraron a Ricamar, según declaró en las anteriores audiencias el exintendente de Odebrecht en Panamá, André Rabello, eran una retribución por “los favores prestados para los pagos que se le debían a la firma del gobierno anterior y los proyectos que ejecutaría la empresa durante el mandado de Martinelli.
Morcillo precisó que la responsabilidad de la empresa se encuentra debidamente acreditada en la investigación, iniciada en 2017.
El pasado 7 de noviembre, Marquínez decidió llamar a juicio a 36 personas por presunto blanqueo de capitales, pero declaró que no era viable abrir causa criminal contra la Importadora Ricamar, debido a que no se puede atribuir la comisión de un delito a una persona jurídica.
El juicio se programó del 1 al 18 de agosto del año próximo, con fecha alterna del 27 de septiembre al 17 de octubre.
Al respecto, Morcillo señaló que en Panamá hay antecedentes de personas jurídicas condenadas y citó el caso de la empresa Campos de Pesé, declarada culpable de delitos contra el ambiente.
En el caso considerado en el istmo como el mayor de corrupción en la historia del país centroamericano, Marquínez liberó de forma provisional a 11 personas y definitivamente a una ciudadana por el lavado de dinero.
En la audiencia preliminar de este caso, el fiscal Mahmad Daud Hasan aseveró que Odebrecht, instalada en Panamá desde 2006, pagó más de 50 millones de dólares de sobornos a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.
El caso se originó de una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que la archivaron; y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el escándalo fue reabierto un mes después.
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