La denuncia se refiere a tres de los casos abiertos al mandatario por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y fue aceptada para su trámite anoche, con celeridad, por 13 votos a favor y ocho en contra, por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.
El caso se suma a una dudosa denuncia contra el gobernante por supuesta traición a la patria, aprobado preliminarmente por la misma subcomisión.
La denuncia conlleva la sugerencia de que el Parlamento autorice que la investigación preliminar a Castillo transite a investigación preparatoria de un juicio en su contra, lo cual abre la polémica posibilidad de que se aplique al presidente medidas restrictivas como la prohibición de salir de Lima o, según alientan algunos legisladores, sea detenido preventivamente.
Ello implica la perspectiva de que el mandatario sea suspendido mientras es investigado y la beligerancia opositora de derecha extrema, que arrastra a sectores considerados de centro, descarta la opción de descartar la denuncia por afectar la inmunidad presidencial, como artgumentan bancadas progresistas.
Los casos denunciados se refieren a supuestas irregularidades en los ascensos militares de alto nivel de 2021, una compra cuestionada de combustible por la empresa estatal de hidrocarburos y la contratación de obras públicas bajo sospecha de asignarse ilegalmente a determinadas empresas a cambio de sobornos.
La citada subcomisión rechazó al mismo tiempo dos denuncias constitucionales contra la fiscal Benavides por afectar la inmunidad presidencial, lo cual confirmó la sintonía entre el Ministerio Público y la oposición parlamentaria, que ha llevado al Gobierno a denunciar un golpe de Estado de nuevo tipo en marcha.
Entretanto, la batalla jurídica en defensa de Castillo tuvo otro capítulo en la Corte Suprema de Justicia, al fundamentar el abogado del gobernante una demanda de amparo contra la denuncia de Benavides, y argumentar a favor de la misma una representante de la Fiscalía y otro de la Procuradoría del Estado.
El defensor del presidente, Benji Espinoza, planteó que la Constitución solo permite acusarlo por traición a la patria, por cerrar ilegalmente el Congreso, por no convocar elecciones y por impedir el funcionamiento del órgano legislativo unicameral, y los organismos electorales.
También señaló que tres anteriores fiscales de la Nación, ante denuncias contra presidentes, rechazaron investigarlos por estar prohibidos por la referida disposición constitucional.
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