“Esto ya es una dictadura local de autoridades que malinterpretan lo que es un cabildo”, afirmó el experto constitucionalista en entrevista al canal Bolivia TV.
Gutiérrez calificó de “nefastos” estos hechos y consideró que suceden en esa zona porque en ella vive la gente más humilde, quienes trabajan ocho horas cada día y no tienen economía asegurada.
“Imagínense si estuvieran en un federalismo, el objetivo sería hacer desaparecer a esta gente”, advirtió el abogado en referencia a las aspiraciones expresadas por una parte de las élites de poder cruceñas de introducir esta forma de organización política en el Estado Plurinacional.
El grupo paramilitar Unión Juvenil Cruceñista, subordinado al gobernador, Luis Fernando Camacho, y el cívico Rómulo Calvo promueve la violencia en el contexto de un paro con bloqueos que ya se extiende por 27 días y provocó pérdidas superiores a los mil millones de dólares.
Bolivia TV mostró en medio de las detonaciones cómo llegan estos grupos de choque hasta el objetivo de sus ataques, transportados en camionetas y motocicletas, y armados con garrotes y petardos de alto poder en forma violenta obligan a cerrar los puestos de ventas.
Denominador común en las últimos 27 jornadas son los ataques nocturnos contra el vecindario del Plan Tres Mil, en su mayoría trabajadores gremiales que en noches de vigilia cuidan sus fuentes de trabajo y sustento.
“Cuando no hay una normativa que nos pueda respaldar, no hay cabildo, no existe cabildo, ya se ha desnaturalizado, no hay democracia, están en un estado de sitio; por lo tanto, atacan a los más débiles, ¿ qué es eso? Insurrección, y eso está penado en el Código Penal”, sostuvo Gutiérrez.
El gobernador Camacho y el cívico Calvo justifican la continuidad del paro con las resoluciones del cabildo cruceño, convocado inicialmente con la consigna de “censo de población 2023 sí o sí”.
Recordó el abogado que las decisiones en esos espacios no tienen carácter vinculante para el Gobierno, y que Calvo decidió este miércoles mantener la extrema medida sin consultar a la población.
“Ya es una dictadura local de autoridades que malinterpretan lo que es un cabildo, y están afectando primero la economía local de Santa Cruz, y ahora han pasado a querer atacar el sistema político”, denunció.
El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 4824 mediante el cual se garantiza la realización del Censo de Población y Vivienda el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de recursos de coparticipación a partir de septiembre del mismo año.
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